Yo quiero ser británico

LA MUERTE, probable suicidio, del doctor Kelly ha suscitado todo tipo de comentarios. Uno de ellos ha servido para valorar el papel de la televisión pública británica, que ha denunciado las supuestas mentiras de su gobierno para hacer más «digerible» la participación en la guerra de Iraq. Aquí en España se hizo una comparación teórica con nuestra Televisión, y se ha llegado a la conclusión de que nunca haría nada parecido, dada su dependencia del Ejecutivo. Ahora se ha demostrado que la BBC, ebria de las filtraciones de Kelly, convencida de encontrar un filón informativo, y necesitada de demostrar su independencia, ha caído en el mismo pecado que el gobierno: exageró sus datos para acusar con más contundencia a Tony Blair. Gobierno y televisión quedan así tocados ante la opinión pública. Visto lo visto, y visto desde España, los acontecimientos deben suscitar nuestra envidia por otras razones. Envidia del Parlamento, que en todo momento ha podido debatir el papel de su nación en la guerra. Primero, el envío de tropas como nación invasora. Después, los fundamentos, tan discutibles, del ataque. Ha podido forzar al primer ministro a demostrar los datos en que se había basado para tomar su decisión. Y ha demostrado capacidad para un control efectivo del Gobierno. Aquí en España ni siquiera se ha consultado al Congreso el envío de tropas. Se le ha comunicado una decisión tomada. A continuación tenemos el comportamiento de la Justicia ante la muerte de Kelly. En otro lugar del Diario pueden ver ustedes cómo el juez Brian Hutton, encargado de la instrucción, ha sentado desde el principio sus criterios: sólo a él compete decidir el alcance y el objeto de la investigación. Desde el comienzo de su trabajo marca territorio y ahuyenta las tentaciones de intromisión del poder político. Se entiende que, al decidir el alcance de la investigación, está diciendo que ningún estamento se librará de sus preguntas. Todo el mundo tiene presunción de inocencia, pero todo el mundo puede ser sospechoso. Como aquí, ¿verdad? Aquí se produce un escándalo de menor alcance en la Asamblea de Madrid, y los llamados a declarar serán los que ha decidido el partido gobernante. Se pide que la Justicia investigue una presunta corrupción, y los fiscales deben esperar la autorización que nunca llega del Fiscal del Estado, situado en línea de dependencia jerárquica del Ejecutivo. Y encima, nos conformamos -lo he leído en varios periódicos- con este consuelo: más vale una comisión de investigación mutilada que ninguna comisión. Ante ello, permítanme una confesión: tenemos razones para odiar a los hijos de la Gran Bretaña. Pero hay momentos donde dan ganas de gritar: ¡yo quiero ser británico!