Comunidad libre asociada

DE ACUERDO con las más recientes declaraciones del lendakari Ibarretxe, pretende que su plan soberanista se convierta en futuro Estatuto para Euskadi. Y en este sentido, ha transformado aquella proclama autodeterminista en un anteproyecto de Estatuto, que aspira que sea debatido, corregido y aprobado en el siguiente tramo de legislatura que da comienzo en septiembre. Para disponer las cosas con su debido tiempo se ha producido ya una primera difusión del texto de borrador así como algunas declaraciones complementarias del lehendakari, en las que ha venido a decir dos cosas: que todo es negociable y que por su propia cuenta ha rebajado sustancialmente los primeros propósitos soberanistas o independentistas. ¿Cómo queda el texto así presentado en sociedad? Como no podía ser de otro modo, muestra las aspiraciones nacionalistas, que son sobradamente conocidas, y que «no tienen final» ni apenas otra limitación que la de ser Estado de la Unión, que es la auténtica pretensión imposible. Pero en el resto, el Estatuto que plantean Ibarretxe y su PNV viene a ser «una Constitución para el País Vasco», en la que se plantea que esta «Comunidad libre asociada» al Estado español pueda llegar a tener poder ejecutivo, poder legislativo y hasta poder judicial perfectamente autónomo e independiente de los que tiene el Estado español. Ejecutivo y legislativo ya lo tienen autónomo, y en el «caso Atutxa» se viene comprobando en qué medida el PNV aspira, también, a tener controlado a su Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Incluso en el capítulo de relaciones exteriores, se distinguen, en este borrador, las relaciones externas. Desde el comienzo, Ibarretxe presenta el texto como «propuesta de pacto político por el que se establece el marco de relaciones entre Euskadi y el Estado español basado en la libre asociación». O sea, de igual a igual, o casi. Con seguridad, Ibarretxe ha tenido oportunidad de comprobar, desde que hizo explícitos estos propósitos, que la resistencia que tiene ante sí es formidable por parte de una serie de poderes políticos y de poderes fácticos, por igual: el Estado español, en primer lugar, y la Constitución que determina que una reforma del estatuto vigente debe ser aprobada por el Parlamento español, pero también las instituciones de la UE, empezando por su Constitución ya en avanzada fase de elaboración, y los empresarios vascos, en buena medida, y los ciudadanos vascos, en medida tampoco despreciable... Mucha tarea la que llegará con septiembre.