La corrupción del régimen

LA COMISIÓN de investigación de la Asamblea de Madrid posiblemente no llegue a aportar una sola prueba en relación con las motivaciones económicas que pudieron tener los diputados Tamayo y Saez al no asistir a la constitución del parlamento regional pero, en todo caso, va a confirmar las sospechas de los ciudadanos sobre la corrupción de los políticos. Aún más: el ajuste de cuentas que ha puesto en marcha la FSM puede crear una imagen mucho peor de la que realmente merece la clase política. En política una cosa es cierta cuando todo el mundo piensa que lo es. Es la opinión pública la que lo decide. Por eso hoy cabe dar por hecha la existencia de la corrupción en los medios políticos y de forma definitiva, en relación con la construcción de viviendas. No estamos ante las denuncias de corrupción «política» en relación con el carácter oligárquico de los partidos y el consiguiente déficit democrático sino ante comportamientos claramente delictivos de los gestores públicos. En paralelo a los aparatos administrativos funciona toda una estructura ilegal que atraviesa los partidos, que es reconocible por los políticos aun cuando difícilmente pueda ser denunciada habida cuenta la forma de actuar. Sin huellas, sin testigos. Por si la experiencia no hubiera sido suficiente para crear un estado de opinión generalizado sobre la corrupción de la política, los propios dirigentes socialistas de Madrid se han empeñado en confirmarlo e incluso en agravar aún más la mala fama de los políticos. Al descartar ya de entrada las motivaciones ideológicas y partidarias que hubieran podido tener los diputados Tamayo y Saez, han dado por supuesto una disposición casi «natural» de los diputados a venderse. El caos institucional de la Comunidad de Madrid es uno de los episodios más negros de este último cuarto de siglo y no porque pueda compararse al 23-F, como han señalado algunos dirigentes socialistas, sino porque es la confirmación de los bajos fondos de la Administración unida al desprecio por el honor de los propios partidos. Simancas no es consciente de que el ajuste de cuentas con dos de sus diputados está suponiendo un desgaste para el capital moral del sistema y de su propio partido. Quiere ganar su batalla personal a costa de la reputación de la clase política. ¿Es la corrupción una enfermedad senil del sistema constitucional parlamentario?. Es, desde luego, una enfermedad grave. El caso italiano llevó a la desaparición de todos los partidos conformados a partir de la segunda guerra mundial. La Democracia Cristiana dejó de ser eterna y omnipresente para disolverse como un azucarillo en otras formaciones. Es difícil pensar en la resurrección de un partido socialista como el que dirigió Craxi, muerto en Hammamet, en un bochornoso destierro. La sucesión de repúblicas en Francia ha tenido su razón de ser en crisis políticas. Los delitos económicos se han saldado con cárceles y suicidios. No es posible aventurar qué sucederá en el caso español si, en vez de las prometidas purificaciones, las direcciones siguen cabalgando a lomos de la corrupción.