La división secreta

NO HAY que perseguir la corrupción: ella es más rápida y no hay manera de darle alcance. Esa parece ser la conclusión a la que ha llegado el Gobierno, que acaba de suprimir la división secreta que investigaba delitos en la administración. Ya sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia, o sea, el antiguo Cesid, había acreditado su torpeza en numerosísimas ocasiones, pero más vale algo que nada. Al cargárselo, lo único que se va a conseguir es que muchos delincuentes económicos no carguen con sus culpas. Como siempre, hay que intentar ver el lado bueno de las cosas, podemos pensar que la medida ha sido adoptada por compasión hacia los investigadores, que no daban abasto. Los miembros de la división secreta, exhaustos, no dan más de sí husmeando contabilidades más falsas que un euro de madera y visitando las suntuosas mansiones de algunos concejales de urbanismo, antes de decidirse a visitar los palacetes de algunos alcaldes. Antes eran más pobres que las ratas, pero al ser más listos que los ratones colorados, ahora son lo suficientemente ricos. ¿Para qué seguir investigando? El número de presuntos ha desbordado la capacidad del Centro Nacional de Inteligencia, que ha decidido hacerse el tonto y dejar correr el dinero, que cruza a gran velocidad por el sector económico y urbanístico. Hay más ladrillos que espías y es absurdo pretender que se descubran todos los casos de corrupción institucional cuyos protagonistas son funcionarios públicos atareados en mejorar su vida privada. Triunfa la tesis del fiscal general del Estado. El señor Cardenal, con su mirada indeterminada y su sonrisa constante, ha pedido hace poco la supresión de la Fiscalía Anticorrupción argumentando que cualquier fiscal puede investigar delitos económicos, con el calor que hace. Quizá sea mejor no indagar nada: la corrupción es velocísima y sus perseguidores tienen que andarse con pies de plomo si no quieren buscarse un lío. Sólo en Marbella se necesitaría, no una división, sino un ejército.