Diario de León
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ANTONIO CASADO
León

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CUENTA una crónica de los sucesos que protagonizaron los encapuchados, presumiblemente proetarras, que prendieron fuego a la bandera española al final de una marcha desarrollada en San Sebastián, entre gritos a favor de la independencia, que Arnaldo Otegi, líder de la ilegalizada Batasuna, habría proclamado que le produjo mal olor esa quema de la enseña nacional. El fiscal ha requerido que se compruebe si, en el desarrollo de esa manifestación, y en sus expresiones finales -gritos de los participantes, actuaciones de los encapuchados, mitin de Otegi-, no se violó la legalidad vigente, como a muchos observadores les parece. Ya de por sí, resultó sorprendente que los jueces vascos admitieran el desarrollo y celebración de esa marcha. Seguimos en ese punto en el que no parece bien establecido lo legal y lo ilegal, lo asumible y lo inasumible. La ilegalización de Batasuna y las restantes o pretendidas fuerzas políticas de la misma cuerda parece haber sorprendido a los mismos altísimos funcionarios del Estado responsables de administrar la Justicia, que no parecen tener claro dónde está el ejercicio de las libertades personales y dónde puede aparecer la trampa del clandestino que se aprovecha de la benevolencia del sistema democrático. Resulta evidente que la presión de los independentistas, junto con una actitud escasamente ambigua, cada vez menos, que mantienen las fuerzas nacionalistas, tiene a los jueces confusos y entre dos fuegos, y forzados a, tal vez, una especie de equilibrio y hasta de equilibrismo de muy difícil mantenimiento, como recientemente se podía comprobar en el caso Atutxa y en la Sala de Discordia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por mucho que el ministro de Justicia, José María Michavila, proclame que el Estado de Derecho está sobradamente preparado para ganarle el pulso a JUan José Ibarretxe, lo cierto es que, demasiado a menudo, el ciudadano puede tener la impresión de que la suma de nacionalistas e independentistas termina imponiéndose por encima de la legalidad que «se escribe en Madrid», como suelen proclamar los dirigentes políticos que gobiernan en Euskadi. Que se queme la bandera nacional en un acto autorizado por los jueces en San Sebastián puede ser algo corriente. Se han quemado docenas de ellas en otras ocasiones. Que, además, un parlamentario vasco proclame que esa bandera huele mal cuando arde es, tal vez, demostración de un sentido del humor perverso e inadmisible.

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