Semana clave

ESTA SEMANA de agosto es la anunciada para la moción de censura contra el alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Mañana, miércoles,, en efecto, es el día señalado para el debate y correspondiente votación que deberá determinar si el sucesor de Jesús Gil es relevado de su cargo, y por quién, y en qué circunstancias y condiciones. Y no habrá concluido, con ese episodio, el espectáculo marbellí, ni se habrán eliminado todas las sospechas que desde hace ya alguna década recaen sobre los munícipes de la ciudad turística por excelencia de la Costa del Sol. La moción de censura, por lo demás, llega rodeada de toda suerte de saltos hacia delante y hacia atrás: primero, se alían gilistas, socialistas y andalucistas para buscar una salida a una situación que consideran inconveniente e inadmisible. Luego, por presión de los directivos de los partidos, una parte los concejales se retractan y reculan. Los ediles obraron mal al no plantear previamente a sus partidos sus planes de actuación, pero probablemente tampoco los burócratas y directivos de los partidos estuvieron a la altura de las circunstancias, como no lo han estado en anteriores situaciones que sirven como referencia en el caso que estos días ocupa a todo el país. Decididos a evitar casos de transfuguismo, y a que alguien ponga en duda la suprema potestad del mando, parece que las direcciones de los partidos prefieren aceptar y dar por buena cualquier irregularidad y situación anómala hasta que concluya la legislatura y desautorizar y desacreditar personalmente a quien tenga la osadía de enfrentarse al partido que los nombró y apoyó justamente hasta ese instante de una gran decisión. ¿No resultaba inadecuada, inconveniente, impresentable una alcaldía como la que han venido ejerciendo los giles don Jesús y don Julián? ¿No era una excelente ocasión la escisión producida entre los gilistas para proceder al relevo de Muñoz, y al precio añadido de terminar con el gilismo de una vez? Pues no. Los directivos de los partidos han preferido «mantenella y no enmendalla», y a un coste para los habitantes de la ciudad y para las normas vigentes que fiscales y jueces deberán determinar... Pero eso parece que no es de interés para los mandos de los entes llamados partidos.