Es un insulto

LO OCURRIDO en la recta final de la investigación llevada a cabo en la Asamblea de Madrid constituye, sencillamente, un insulto a la inteligencia con una explicación inevitable. El resultado final ha sido que los diputados tránsfugas, con su voto, han impedido la aprobación de cualquier conclusión de la comisión de investigación, de tal forma que los investigados han podido neutralizar la investigación. En este escándalo hay muchas responsabilidades. El PSOE tendrá que responder ante sus electores de no haber sido eficaz en el control de sus listas, en las que se colaron dos traidores, que no hicieron una felonía solo con sus compañeros de partido, sino sobre todo con los electores que depositaron su confianza en una organización y en unas listas encabezadas por Rafael Simancas. El precio pagado ya ha sido importante: la pérdida del gobierno de la comunidad que hubiera sido efectivo merced al pacto con IU. Pero el PP tendrá que responder de la sospecha, cada vez sustentada en pruebas e indicios más contundentes, de que no solo no ha sido ajeno a esta conspiración sino que además ha colaborado en la impunidad de los desertores. Con su posición inicial, el PP no hizo nada para impedir que los tránsfugas se colocaran en una situación excepcional en el grupo mixto, convirtiéndose en los árbitros de todas las decisiones, disponiendo, además, de sustanciosos medios económicos, lo que en definitiva premiaba su traición con una situación de ventaja. Pero la recta final del esperpento coloca al Partido Popular en la picota de haber permitido, contra el dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara, que los tránsfugas pudieran votar las resoluciones de la investigación sobre su propia traición. Es como si a unos delincuentes juzgados por asesinato se les permitiera asistir a la votación del jurado que debe emitir el veredicto y con su voto pudieran decidir el resultado del juicio. No hay justificación para ese disparate, pero sí una explicación razonable. El Partido Popular, desde el principio, ha hecho una piña con estos dos indeseables. Y los ciudadanos de Madrid tienen obligación de tener en cuenta esta degradación insoportable de la democracia que significa alterar el resultado de las urnas por un método tan abominable como la traición.