Scripta manent

LA POLÉMICA sobre la instalación de una obra de Eduardo Arroyo en la Puerta del Castillo ha adquirido en los últimos días rasgos acerados, en los que se han llegado a verter insultos y descalificaciones del mencionado pintor en contra del ex alcalde Mario Amilivia. Sin embargo, tanto tras la polémica como tras la reacción del pintor se esconden no sabemos qué maniobras para que finalmente su obra llegue al sitio proyectado. La cuestión que se debate -mejor dicho, que no se ha debatido- reside en si es legítima, legal y conceptualmente, la instalación de semejante artefacto en un sitio de tan alta significación histórica para la ciudad de León. El procedimiento de colocación de una escultura (grupo escultórico o instalación) en el mencionado sitio de la Puerta del Castillo exige superar una serie compleja de trámites legales que la anterior corporación municipal, conforme a su estilo de falta de rigor administrativo y de operar con el criterio de hechos consumados, no realizó. No hay un proyecto en el Ayuntamiento debidamente autorizado por las comisiones correspondientes, no existe un permiso de la Comisión de Patrimonio, no existe tampoco el de las direcciones generales del Patrimonio. Pero es que, además, no puede existir, puesto que ninguna ley de Patrimonio puede permitir una operación de esta naturaleza. Es como si el señor Arroyo quisiera trabajar sobre Las Meninas en un juego de modernidad sobre el célebre cuadro. La pretensión de la anterior corporación municipal del Ayuntamiento de León carece de documentos y se basa en un compromiso verbal porque resulta altamente irregular desde el punto de vista de la aplicación de las leyes. La acusación del pintor al ex alcalde es injusta, pero los compromisos verbales del ex alcalde y del ex concejal de urbanismo, señor Cecilio Vallejo, suponen un dislate que atenta contra el patrimonio de la ciudad de León, uno de tantos cometidos por la anterior corporación municipal. En efecto, la instalación de una obra moderna en semejante sitio va directamente contra la conservación de nuestro Patrimonio. Con la excusa de la revitalización de un barrio abandonado durante decenios, un barrio en el que se han perdido importantes edificios históricos en la segunda mitad del siglo XX, se proyecta una remodelación viaria del mismo que tendría como colofón la instalación de un proyecto de escultura que nadie o casi nadie conoce al detalle y que comporta un gasto considerable, del orden de los 150 millones de pesetas, es decir, la mitad de lo que cuesta el resto de la remodelación viaria. En un alarde de concepción kitsch (hortera) de la historia y de la cultura, de concepción de la cultura como espectáculo, la anterior corporación quería extender la actividad hostelera de bares a la parte norte de la ciudad histórica. En esta operación política, como en casi todas las que ha realizado esa corporación en relación con el casco histórico, se ocultan siempre intereses inconfesables de unos y de otros, que se traducen en un interés confesable: convertir el barrio histórico en una fuente de recursos económicos. Lo que se sigue de ello es que expulsa paulatinamente a los que aquí vivimos puesto que es incompatible el nivel de saturación de establecimientos hosteleros con la habitabilidad del barrio. Lo que la anterior corporación municipal pretendía era, pues, la mercantilización de nuestro patrimonio en beneficio de algunos pocos y, por ende, su progresiva destrucción. Tal proyecto va en contra tanto de las leyes como de una concepción conservacionista del mismo. Por ello, delante del proyecto de Arroyo sólo cabe una posición: oponerse a semejante instalación. No se puede argumentar que Eduardo Arroyo es un reconocido artista, puesto que son las leyes las que no permiten esa instalación, pero además con semejante obra se altera el espíritu y la forma de la arquitectura romana y medieval, reconstruida por Alfonso V, de la Puerta del Castillo. Esta obra de significación considerable para la ciudad debe ser vista en su desnudez arquitectónica. No tiene por qué ser mejorada por nada ni por nadie por muy alta que sea su autoridad artística. El arte y la historia en primera instancia son conocimiento, no juego con el pasado. Entrar en ese espacio de juego con él sería trivializarla. La actual corporación, y el señor alcalde en particular, debería tener en cuenta estas consideraciones en lugar de apelar a instancias populares, pero además debería configurar un plan de protección del Patrimonio arquitectónico de la ciudad de León si no queremos que su destrucción progresiva se acelere. A tal fin debería tener en cuenta tres ejes de actuación: el de la conservación conforme a las leyes establecidas, el de la ejecución de obras conforme al principio de conservación, por ejemplo potenciando las escuelas taller que dependen de esta corporación, y, finalmente, el eje de actuación social. En un barrio histórico hay cosas que se pueden hacer y otras que sencillamente no. Es incompatible mantener los niveles medioambientales de ruido actuales con la existencia de vecinos que quieren llevar una vida normal. Estos tres ejes de actuación deberían estar presididos por el principio central de conservación de las ciudades históricas: sin habitantes no existe conservación posible. Por todo ello la actual corporación municipal debería oponerse al proyecto de Eduardo Arroyo, no ejecutándolo y aprestarse a elaborar una política de actuación en el barrio histórico acorde con las ideas conservacionistas, evitando el oportunismo demagógico de querer dar la razón a todos. La actual corporación municipal tiene en el barrio histórico su gran reto, y de la solución que se le dé a este dependerá su credibilidad o su falta de credibilidad política. En otro caso sólo habríamos sustituido unos políticos por otros sin otro programa que los del oportunismo político. El PSOE debería tener muy en cuenta las posibles decisiones que se tomen en relación con este punto en el Ayuntamiento de León si de verdad quiere seguir gobernando en el futuro en la ciudad.