Contra el Estado

EL GOBIERNO vasco, probablemente desconcertado por el hecho de que su radicalización independentista no encuentra en la población de Euskadi la suficiente 'masa crítica' para respaldar su desafuero, se mantiene desde hace tiempo en el filo de la navaja, entre el acatamiento a regañadientes de la legalidad constitucional y la ruptura. Es, seguramente, consciente de que si se adentrara abiertamente en la senda de la desobediencia encontraría enfrente la inflexibilidad del Estado de Derecho, que actuaría con todas las consecuencias. Y de ahí que mantenga su particular confrontación con el Estado en un territorio conscientemente ambiguo, en una atmósfera intencionadamente difusa de agresividad y disidencia. Los dos últimos gestos contra el Estado sitúan la tensión en un escenario de máxima gravedad. De un lado, el portavoz del Gobierno vasco y candidato con posibilidades a suceder a Arzallus al frente del EBB, Josu Jon Imaz, ha anunciado la presentación, que se materializó ayer, de una demanda contra el Estado español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por una presunta vulneración de derechos fundamentales en la Ley de Partidos Políticos y en la sentencia del Tribunal Constitucional que la declara ajustada a la Carta Magna. De otro lado, la Mesa del Parlamento Vasco, con los votos favorables del 'tripartito', ha aprobado un acuerdo en el que reconoce al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak -antigua Batasuna su derecho a percibir la subvención prevista reglamentariamente. Dicho acuerdo va frontalmente en contra de las resoluciones del Tribunal Supremo, y tendrá dificultades para materializarse dado que el interventor del Estado, cuya firma es preceptiva para el abono, ya se ha negado a hacerlo, requerido por el alto tribunal. Es improbable que la reclamación formulada ante el Tribunal de Estrasburgo prospere. El recurso argumenta, de una parte, una supuesta vulneración del derecho de asociación política y del principio de irretroactividad y, de otra parte, que no se respetó su derecho a un juez imparcial al no haber sido aceptada la recusación del presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, quien realizó algunas declaraciones públicas probablemente poco adecuadas (la recusación fue rechazada por seis votos a cinco en el seno del propio tribunal). Es manifiesto que la Ley de Partidos no limita el derecho de asociación, sino la pertenencia a una formación pretendidamente política que actúa de complemento de una organización terrorista y es cómplice objetivo de ella. Tampoco autoriza la ley de Partidos a tomar en consideración, a efectos de la ilegalización de una fuerza política, hechos anteriores a la promulgación de la ley; únicamente los utiliza a efectos de interpretar y valorar los ulteriores a dicha norma. Y en cuanto a la supuesta parcialidad de Jiménez de Parga, la cuestión es vidriosa porque Jiménez de Parga fue quizá locuaz en exceso, pero de cualquier modo la constitucionalidad de la ley obtuvo el voto unánime de los miembros del Tribunal Constitucional. El recurso presentado contra el Gobierno vasco tiene, además de su entidad jurídica -y del valor político que tendría su sola admisión a trámite-, una clara intencionalidad denigratoria, que exacerba la hostilidad con que el nacionalismo vasco mira al Estado. El anuncio, ya inminente, del plan Ibarretxe se producirá pues en un contexto de agriada conflictividad, lo que demuestra que es falso el interés en que pueda conseguirse un acuerdo político entre Madrid y Vitoria. Lo que se pretende es, simplemente, la ruptura, aunque es difícil saber con qué fin. Porque ni siquiera si el PNV lograse recoger todo el voto de Batasuna -y eso es manifiestamente lo que busca al erigirse en defensor de los radicales ante las instituciones europeas- se modificarían los equilibrios de fondo: la mitad de la población vasca no es nacionalista y cualquier reforma del marco institucional apoyada por sólo un hemisferio ideológico y social sería una fuente de grave e intolerable división. Quienes todavía pensamos -aunque cada vez con mayor desaliento- que este conflicto debería al fin y al cabo resolverse por el único camino posible, el del diálogo y la negociación, vemos consternados cómo van volándose todos los puentes. Es falsa de toda falsedad la tesis de que los nacionalistas vascos mantienen únicamente una dura confrontación con el PP: la ley de Partidos fue votada no sólo por el PP y el PSOE sino también por los nacionalistas catalanes de CiU, por el Partido Andalucista y por Coalición Canaria. Los 304 votos afirmativos que obtuvo, frente a los sólo 16 negativos, representan sustancialmente el conjunto de la soberanía nacional. Estas líneas no pueden prescindir de una alusión al menos al gravísimo despropósito que realiza Izquierda Unida, al vincularse tanto al citado recurso como a la pretensión de que Sozialistas Abertzaleak reciba una subvención proscrita por el Supremo. Esta alineación descalifica absolutamente a un grupo político que, con el atrabiliario Llamazares a la cabeza, parece pretender convertirse mediáticamente en paradigma de la integridad.