Villalar, identidad y centralismo

A RAÍZ de la reciente polémica acerca de la pretendida Fundación Villalar han sido varias las personas de mi entorno e incluso presidentes de Juntas Vecinales, que a menudo me consultan cuestiones relacionadas con su gestión concejil, los que me han preguntado sobre dicha fundación, que es y para qué. A decir verdad que mi respuesta no ha sido categórica, sino más bien guiada por otras creaciones tuteladas desde arriba por el poder político de turno, llámense Institutos de..., Consejos Comarcales, etcétera. En efecto, la experiencia nos dice que detrás de todas estas cosas, y no pongo en cuestión su legitimidad y posible eficacia, siempre hay nuevos cargos para el político de turno y toda una burocracia que en modo alguno es gratuita, sino que arrastra importantes sueldos que en algún caso bien conocido supera los ocho millones anuales de las antiguas pesetas. Recientemente he tenido el honor de ser invitado a participar como ponente en el 53 Congreso de la Comisión Internacional para el estudio de las Instituciones representativas y parlamentarias, celebrado en Barcelona y tutelado por el gobierno catalán a través de su Museu d¿ Historia de Catalunya. Entre las muchas cuestiones debatidas( crisis actual del parlamentarismo, crisis de la España de las Autonomías, etc), hubo una en la que los ponentes tanto extranjeros como catalanes etc, pusieron un especial énfasis: los derechos históricos de los pueblos a que se les respete sus señas de identidad y su capacidad de autogobierno sin entrar en colisión con realidades superiores, país, estado o nación, e incluso autonomía confederada. En ese contexto he de reconocer que la intervención del Presidente del Parlamento Catalán al afirmar, entre otras cosas o lindezas, que el país catalán tenía unos derechos históricos incuestionables al ser incluso el territorio « en donde se habían celebrado las primeras Cortes representativas de Europa», me obligó, como así lo manifesté ante los congresistas, a cambiar el sentido de la intervención y a exponer que el Reino de León también existía ya en la Alta Edad Media; que las primeras Cortes o simulacro de Cortes se celebraron en León; que la Provincia leonesa ya está presente como marco administrativo desde la Edad Media o que el Reino de León no sólo contó hasta el siglo XIX o el XX con instituciones propias como el Real Adelantamiento de León, los Concejos, las Hermandades, etc. etc., sino como demuestra la documentación notarial los leoneses , incluso los bercianos, siempre se identificaron por se vecinos de tal pueblo, por la jurisdicción a la que pertenecían y por ser del Reino de León. Dicho esto expuse, ante la admiración de algún escocés, italiano o austríaco, que preguntaron luego donde estaba el Reino de León, que la España de las Autonomías, es decir el poder que creó el nuevo orden autonómico descentralizado, fue injusta con el Reino de León y de forma especial con la vieja Provincia leonesa. Fue injusta porque no se le reconocieron derechos históricos, aquellos derechos que allí se defendían para otros pueblos. Desde el más férreo centralismo vallisoletano se le ha negado a León el derecho histórico a ser sede de las Cortes autonómicas, a tener su propia identidad y autonomía dentro de la Autonomía, que no olvidemos se denomina Castilla y León, es decir, tanto monta, monta tanto. Pero, en la práctica esta unión en una teórica igualdad de condiciones no sólo no se cumple, sino que el objetivo a medio y largo plazo, aprovechando el conformismo de los leoneses, su desencanto, su vejez preocupada sólo de las pensiones o la desidia incrementada por el convencimiento cada vez más real de la despoblación o de que sus hijos se verán obligados a emigrar, eso sí, previo aprendizaje del catalán, eusquera, gallego, etc., parece ser el de crear un nuevo sentimiento centralista castellano-leonés, eso sí tutelado desde Valladolid, que logre eliminar diez siglos de historia y la realidad histórica del Reino de León, del Reino de Castilla, separados y unidos, pero siempre diferenciados. Si esto se presenta harto difícil, dado que los sentimientos e identidades no se crean por decreto, sino que se fraguan a través de una interrelación que se asienta en el tiempo largo de la Historia, el objetivo se remata con el propio nombre de Villalar, sin caer en la cuenta el rechazo que este nombre tiene en una provincia leonesa, en la que el importante acontecimiento histórico al que se refiere, salvo la ciudad de León, no tuvo incidencia alguna, por razones que hoy son bien conocidas. Ante esto y desde el convencimiento, como historiador y como miembro de la Universidad de León, de que la sociedad leonesa actual se merece estar informada; se merece que las propias instituciones y sus miembros, especialmente las docentes, le ayuden a mantener viva su memoria histórica y a ser reivindicativa de lo suyo desde el respeto de los demás, he de decir que estamos en un momento crucial en el que León se juega su futuro y el de muchas generaciones de leoneses. Desconozco que hay detrás de las nuevas posiciones políticas que al respecto han aparecido. La postura del Alcalde de León, al que como vecino le animo a que siga abriendo su despacho a todos los leoneses independientemente de su condición (eso le dio muy buen resultado a Juan Morano), me ha parecido correcta, pero le advierto, si es que mi humilde persona tiene capacidad para ello, que si su posición y la de su partido es sólo una estrategia política, lejos del convencimiento real de la situación leonesa en el marco autonómico y de los derechos históricos que avalan a León para escoger su futuro o reivindicar lo que le pertenece, los leoneses y de forma especial las generaciones jóvenes que son las que van a sufrir en sus carnes tal desaguisado, van a pasar factura y esta va a venir a través de una radicalización y a través de pasar de política o de votar. En el congreso al que me referí anteriormente se apuntó esto como una de las causas de la crisis por la que está pasando en Europa el parlamentarismo y del desprestigio de los partidos políticos tradicionales y de la propia clase política. Lo que necesita León, Castilla, o Castilla y León en estos momentos no son fundaciones, que como diría el paisano Chencho bienvenidas sean si contribuyen a una mayor vertebración sin perjudicar a parte y sin gravar el exiguo erario público, sino que de una vez por todas los responsables políticos de Valladolid, de León, de Soria, etc. reconozcan y acepten la singularidad leonesa y los derechos históricos que le asisten ; no sigan imponiendo o creando denominaciones artificiales como castellano-leonés o negando a esta provincia lo que le corresponde por Historia, por población, por recursos, por el desmantelamiento de todos sus sectores productivos primarios, incluida la minería. Junto a esto, a estas alturas de varias décadas de Autonomía de Castilla y León, es necesaria una profunda reforma administrativa, lejos del centralismo apabullante de Valladolid, y si el derecho de León a poseer su propia autonomía en estos momentos no es viable o posible, se debe de intentar un acercamiento de las instituciones autonómicas a los leoneses, zamoranos, etc., mediante la descentralización de las sedes o mediante las transferencias a las Diputaciones, eso sí, previa reforma de éstas ya que en la actualidad no sólo no son instituciones democráticas o representativas de los partidos judiciales provinciales, sino meros instrumentos de presión y control en manos de los partidos políticos que generan importantes conflictos como se ha demostrado en León.