LA VELETA
Los impuestos de los pisos
EN ESPAÑA se están construyendo el doble de viviendas de las que necesita la población como primera residencia, pero sus precios siguen disparados y son un problema social grave. ¿Quién se lleva los miles de euros que paga el comprador cuando compra un piso? El suelo es la partida más importante y supone la mitad, o más, del precio final de la vivienda en buena parte del país. En segundo lugar están los gastos de construcción, que alcanzan entre el 25 y el 40 por ciento. Después vienen los impuestos, tras desplazar a los gastos financieros, recortados por la caída de los tipos de interés. La especulación con el suelo es uno de los problemas más graves de este país, pero nadie parece capaz de poner el cascabel a ese gato que cuenta con tantos protectores, públicos y privados, y que ha llevado a Juan Alberto Belloch, ex ministro y hoy alcalde de Zaragoza, a decir que un concejal de urbanismo de una ciudad de 40.000 habitantes tiene más capacidad de corrupción que seis ministerios juntos. Terrible, pero cierto. Y si el suelo es tabú ¿por qué no utilizar la política fiscal?, ahora que hasta los nuevos políticos del PSOE ven como pecado subir los impuestos. Aquí hay tela que cortar, pues dicen que entre el IVA o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, licencias municipales, etcétera, suman el 15 por ciento del precio final de compra de una vivienda y el 18 por ciento del coste total de un promotor en su construcción, Con el IVA poco se puede hacer, sin el permiso de las autoridades comunitarias de Bruselas, pero el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es perfectamente suprimible. Es un tributo recurrente, pues se cobra varias veces a lo largo del proceso de construcción y venta del inmueble, que no grava ninguna renta o plusvalía. Es una especie de impuesto al papeleo que podría ahorrase buscando, eso sí, alguna compensación para sus receptores actuales. Sería una buena contribución a la lucha contra los precios excesivos de los activos inmobiliarios y la imposibilidad de acceder a una vivienda para una parte de la población.