Caja España

EL ACUERDO alcanzado por el PP, PSOE y UPL, por Herrera, Villalba y De Francisco, para lograr, por cuatro años, un consenso en la gobernabilidad de Caja España es un acontecimiento extraordinariamente positivo, que debería hacernos reflexionar sobre el papel de las cajas en la vertebración de la comunidad y la importancia que las buenas negociaciones, y no los gritos y pataleos, tienen para conseguir que León juegue en ella un papel relevante. Las Cajas de Ahorro no pueden depender de las luchas, presiones y chantajes de grupúsculos políticos y sindicales; necesitan estabilidad si quieren la confianza de sus clientes, como cualquier entidad financiera. Probablemente el consenso pudo alcanzarse por el talante de los nuevos negociadores, aunque creo que las advertencias del Banco de España y la necesidad de dar una imagen de seriedad por encima de las rivalidades políticas, han sido factores importantes. Sea lo que sea, hay que reconocer que se trata de un acuerdo positivo y loable. Las Cajas de Ahorro, como entidades financieras, tienen primeramente una obligación para con sus clientes; pero también la tienen, por sus estatutos, con la sociedad. Contar con cajas fuertes es un buen instrumento de vertebración de una comunidad, como vemos en Galicia o Cataluña. El sistema financiero de Castilla y León se caracteriza por la elevada penetración que en el tienen las cajas, signo de que los clientes castellanos y leoneses confian en ellas, que están arraigadas. Hasta 1989 el sector estaba muy atomizado, con once cajas, la mayoría de pequeño tamaño, lo que las hacía muy vulnerables ante la competencia del sector privado y de otras foráneas. En ese año, las cinco cajas de León, Palencia, Zamora y las dos de Valladolid se unieron para formar Caja España, que se convirtió, de ese modo, en una entidad con proyección regional e incluso nacional. Poco después las cajas de Salamanca y Soria creaban Caja Duero. Todavía perviven algunas pequeñas cajas provinciales, pero la tendencia, sin necesidad de imposiciones políticas, les obligará a concentrarse. Las cajas de ahorros siempre han estado muy mediatizadas por los poderes públicos, por los políticos, para bien y para mal, casi siempre para esto último. Algunas, como Caja Duero, tienen una imagen de mayor profesionalidad; otra s, como Caja España, la sufren de estar excesivamente politizada. Desde su creación ésta se ha visto sometida a las tensiones y rivalidades políticas de los grandes partidos; primero, desde 1993, con el triunfo de los socialistas, que impusieron a Angel Villalba como presidente. Algunas de sus actuación fueron positivas, como la compra del Banco de Fomento, pero otras fueron muy criticadas y aún se recuerdan con recelo los créditos a la MSP o al PIB. Luego se hizo con las riendas el PP, con Nieto Nafría de presidente, pero con una Isabel Carrasco casi omnipresente. Las cajas no pueden ser un instrumento para uso de los políticos, o el lugar donde éstos dirimen sus peleas. Las cajas se deben a sus clientes y a la región, a la que deben apoyar con sus recursos, bien en inversiones productivas, bien en obras sociales. Este acuerdo, aunque positivo, muestra claramente esa excesiva politización, y lo mismo la composición de su consejo de adminsitración. El acuerdo tiene, por último, una vertiente que me gustaría destacar, sobre todo porque parece contradecir bastante a los que, desde León, se oponen a la Fundación Villalar. El acuerdo lo han firmado PP, PSOE y UPL y entre los aspectos más relevantes del mismo está, no creo que nadie lo discuta, el que la sede de Caja España permanecerá, por ahora y probablemente por mucho tiempo, en León. Villalba y De Francisco, dos leoneses, han logrado con el acuerdo un bien para los clientes y la comunidad, pero también para León. Esto demuestra que no es con actitudes victimistas, sino con lucha, con negociación, con presión sobre el gobierno autónomico, como se logran las conquistas. No es desgajando la comunidad, sino vertebrándola como se fortalece Castilla y León; Valladolid, sí, pero también León.