Suspenso en derechos humanos

«EDUCACIÓN en Derechos Humanos: asignatura suspensa «es el título de un amplio informe llevado a cabo por la Sección Española de Amnistía Internacional, publicado este año, con el objeto de conocer el nivel de cumplimiento por parte del Estado español acerca del «Plan de Acción Internacional del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos, 1995-2004». En lo referente a España, este Plan -que finaliza el próximo año- no puede ser más desolador, ya que, según el citado informe, ni el Gobierno central ni los Gobiernos autonómicos han puesto en marcha ninguna de las medidas adoptadas por el citado Decenio de las Naciones Unidas. Entre estas medidas, se destacan tres: La creación de un Comité Nacional para la educación en la esfera de los derechos humanos, la determinación de prioridades y de grupos necesitados, y la elaboración del Plan Nacional con sus objetivos y estrategias. Con motivo de este Decenio, el Consejo de Europa realizó un informe (1998-1999) para conocer la situación de la educación en derechos humanos en los 40 estados miembros. El Gobierno español no contestó a los datos pedidos por el Consejo de Europa. Por si esto fuera poco, en la Reunión de Ministros de Educación (1-2 de marzo de 2002), bajo la presidencia española de la Unión Europea, la ministra española, Pilar del Castillo, en su discurso de recepción no hace ni una sola referencia a la educación en derechos humanos ni a la educación para la paz y la convivencia democrática. Por otra parte, Amnistía Internacional, con la finalidad de conocer el nivel de compromiso de los gobiernos central y autonómicos con las recomendaciones de las Naciones unidas en la educación en derechos humanos, solicitó información de todas las Consejerías de Educación de las Comunidades Autonómicas y del director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sólo recibió respuesta de la Generalitat de Cataluña. Ante este conjunto de desatinos en materia de derechos humanos, cuando leemos en la Constitución, en la LOGSE de 1990 y en la LODE de 2002 los grandes principios y las declaraciones referentes a los derechos fundamentales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprobamos que para el Gobierno central y para los gobiernos autonómicos sólo se trata de mera retórica ornamental presente en la letra muerta de esos textos legales e institucionales. Y para hacer referencia -como es habitual- a otros países europeos de nuestro entorno, como España y Portugal por ejemplo, hemos de decir que ambos países poseen su Comité Nacional y han realizado sus planes de acción en relación con ese Decenio de las Naciones Unidas. Este informe presenta los resultados de un trabajo realizado con profesores y alumnos de Escuelas Universitarias de Magisterio y de Facultades de Pedagogía y de Ciencias de la Educación. El objetivo era averiguar el nivel de conocimientos en derechos humanos por parte de profesores y alumnos. Los resultados de este trabajo llevado a cabo por Amnistía Internacional en 20 universidades, evidencian estos hechos: 1. La Educación en Derechos Humanos no es tomada en serio por el Gobierno español ni por la mayoría de los Gobiernos autonómicos, y el Estado Español no ha cumplido con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. 2. Más de la mitad de los profesores universitarios citados antes desconoce el contenido de las normas y guías para la acción que afectan a los profesionales de la educación, así como la esfera de educación en derechos humanos. 3. Los alumnos (futuros profesores de educación primaria y secundaria) reconocen que no salen preparados en el conocimiento de los derechos humanos para impartir esta educación en su futuro profesional. 4. Los planes de estudio de los futuros profesores no incluyen asignaturas de educación en derechos humanos. Conocido este informe y enviado a diversas autoridades académicas y educativas, comienza a haber algunas respuestas afirmativas y algunos compromisos para el futuro. No debe olvidarse que es responsabilidad no sólo de los gobiernos central y autonómicos, sino también de los responsables educativos la puesta en práctica de las directrices y los compromisos derivados del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en materia de derechos humanos, y en concreto debe ponerse inmediatamente en marcha esas dos medidas fundamentales: - La elaboración de una Plan Nacional que indique las necesidades más apremiantes a nivel nacional y local, y - La creación de un Comité Nacional y de Comités Autonómicos para la evaluación de necesidades, la creación de programas para la educación en derechos humanos y la preparación de materiales didácticos y guías para los educadores. Nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (uno de los mayores logros de la humanidad) y poner en práctica su elevado y noble contenido, como medio para adquirir unas nuevas actitudes y un nuevo compromiso que lleve a la creación de una sociedad más justa y solidaria, sin racismos ni marginaciones, y donde todos los seres humanos sean aceptados y respetados por el simple hecho de ser personas.