Legalidad y engaño

LOS CAMPESINOS del Bajo Páramo leonés y de Zamora ya lo han decidido: irán al combate. No empuñarán las hoces, guadañas o azadas. Ya dieron ejemplos de respetar la paz ante el Castillo de Fuensaldaña. Se batirán como recomendaba Séneca: con firmeza, orgullo, voluntad indomable y fe. Lo acordaron los vocales, compromisarios y corregidores en la reunión celebrada en Zotes. Persistirán en sus protestas tras el decepcionante encuentro con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al que daban escolta su consejero de Agricultura, Valín, el responsable de la Confederación Hidrográfica del Duero y el Secretario de Estado de Aguas. Un encuentro que los regantes han calificado de fracaso, y alrededor de cuya mesa negociadora no permitieron sentarse a los representantes de las organizaciones sindicales agrarias. Para mañana está fijado un nuevo cónclave de la Comunidad de Regantes. Será el momento de establecer el calendario de movilizaciones. La Administración se ha atrincherado: los regantes deben pagar. De acuerdo. A lo que se niegan los campesinos es a pagar una obra que consideran sobredimensionada en veinticuatro millones de euros, cantidad en la que se incrementó finalmente el proyecto. Una obra realmente plagada de errores, según denuncia Herminio Medina, presidente de la comunidad de regantes, y con añadidos inútiles. Herminio Medina y sus acompañantes se estrellaron contra el frontón oficial. En tres horas no encontraron ni una rendija por la que colar sus reivindicaciones. Ni una sola. Quizá por eso anuncia que no volverá a negociar sin la presencia de las organizaciones agrarias. De algunas, porque Ugal-UPA les ha dejado abandonados en la soledad de sus maizales. El póker de la oficialidad: Juan Vicente Herrera, su consejero de Agricultura, Valín, el representante de la CHD, Jiménez, y el secretario de Estado de Aguas, soltaron a piñón fijo el mismo latiguillo: hay una legalidad por delante y la ley tiene que cumplirse. Y esa ley dice que los regantes paguen el coste de las obras. Por un lado está la legalidad, sí, pero por otro la justicia. Y en este caso concreto lo justo es que se cumpla lo prometido: no aplicarles el sobrecoste por construir la elevación, ni por otras obras adicionales no pedidas. No hay legalidad que ampare el engaño. Y los regantes del Páramo Bajo de León y de Zamora fueron engañados. Les anunciaron unos costes y ahora les aplican otros. La administración debe cumplir lo prometido. Si hay que modificar la ley, que se haga. Que el Partido Popular incluya una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado -a la que tan aficionado es- en la cual se contemple la excepcionalidad del Páramo Bajo, tal y como prometieron en su día. ¿No ha dejado de cobrarse el IAE, dejando a los ayuntamientos casi en la anorexia económica?. ¿Acaso no existía una ley que obligaba a su tributación inexcusable? Los regantes del Páramo Bajo no se oponen a cumplir la legalidad. Lo que piden es justicia. Y sobrevivir.