¿Qué pasa con el sistema energético español?

LA FEDERACIÓN Minerometalúrica de Comisiones Obreras califica la situación en la que se encuentra el sistema energético español de «emergencia energética», al convenir un recurso básico y estratégico en un factor más de incertidumbre y limitación para la actividad económica, la generación de empleo y la cohesión social. De ahí que sea necesario reclamar la atención de la opinión pública, de los partidos políticos y de los sindicatos para enfrentar colectivamente esta situación de emergencia. Los apagones a consumidores específicos (la ciudadanía en general y las factorías industriales) no pueden ser el recurso habitual y continuo. En los últimos cuatro años el consumo ha crecido en tasas del 6% acumulativo anual, mientras que la potencia instalada de generación se mantuvo prácticamente constante hasta el año 2002, cuando se conectaron a la red los primeros ciclos combinados, llegándose incluso a interrupciones de suministro por falta de capacidad instalada en diciembre de 2001. Alguien se ha preguntado qué ocurrirá si la recuperación económica se materializa a principios o mediados del próximo año 2004. Parece que esta pregunta se debe a las revisiones que vienen haciéndose del denominado Informe Marco 2001, que de un lado elevan el nivel de demanda, de otro modifican a la baja la disponibilidad de potencia hidráulica y rebajan la potencia térmica instalada y operativa. Todo ello ha contribuido a que las necesidades de potencia resultante para el próximo invierno, y para el periodo 2002-2006, sean considerablemente mayores que los realizados en el informe anterior (Informe Marco 2001). La FM de Comisiones Obreras cree que para atender las estimaciones sobre la previsible demanda de energía sería necesario que estuviesen operativos a lo largo del año 2003 un total de doce nuevos grupos de generación de 400 megawatios cada uno, y el próximo año nada menos que dieciocho grupos. Tanto su construcción como la de las infraestructuras de transporte de combustible para dichas centrales se encuentran con unos retrasos muy elevados, poniendo en peligro la actividad social y económica de los próximos años. La alta sensibilidad de los precios del mercado de electricidad en España, y su dependencia de las lluvias, hacen especialmente importante el índice de cobertura o proporción de la potencia instalada en relación al consumo eléctrico punta más alto. Las más recientes estimaciones de cobertura de la demanda de energía eléctrica ponen de manifiesto que en ninguno de los escenarios de crecimiento existe una garantía de que pueda ser cubierta. En un futuro inmediato aumentará la interrelación entre los sistemas eléctrico y de gas, por lo que la seguridad del aprovisionamiento, almacenamiento y transporte no sólo repercutirá en el propio sector gasista, sino también en la garantía de suministro de energía eléctrica. El desarrollo de las propias infraestructuras de transporte del combustible (gas natural) está afectado de descomunales retrasos en algunas de ellas. Estos retrasos en la red de transporte generarían mayores problemas que los de los grupos de generación ya que estos dependen de la existencia de los anteriores. Además, según la Comisión Nacional de Energía, las carencias regulatorias acentúan enormemente los riesgos de desabastecimiento y reducen los actuales niveles de cobertura de la demanda. Al ser una actividad privatizada, y aún más liberalizada, existe cierta incertidumbre sobre el número de ciclos combinados que finalmente serán implantados en España. El sistema privado y liberalizado, con un marco de regulación insuficiente, está provocando riesgos regulatorios que agravan aún más los no pocos problemas y retrasos en las urgentes e imprescindibles inversiones que la iniciativa privada ha de acometer. ¿Cómo es posible que se programen, se planifiquen y se autoricen actuaciones sin que las instituciones responsables del sistema eléctrico estatal tengan conocimiento de su promotor? En resumen, para la FM de Comisiones Obrears la cobertura de demanda eléctrica puede ser muy problemática en los períodos punta del próximo invierno 2003-2004, al no existir posibilidades temporales de incorporar infraestructuras de transporte, distribución y generación eléctrica. Los acontecimientos vividos sirven para ubicar la programación y planificación energética del Gobierno en el ámbito de la «propaganda» al haberse mostrado incapaz de facilitar el flujo de inversiones privadas necesarias para garantizar el suministro de energía. Una grave irresponsabilidad que genera el modelo de «privatización-liberalización-desregulación» que viene aplicando el ejecutivo desde hace algunos años. La FM de Comisiones Obreras reclama una acción decidida y urgente para revisar las reglas, objetivos, instrumentos y marcos de actuación de las empresas presentes en el sector con el fin de reducir las situaciones de «emergencia» en la que se encuentra el sistema energético español. En términos medioambientales, el retraso en la puesta a punto de las infraestructuras citadas supondrá un duro golpe al cumplimiento de los compromisos de Kyoto. El Plan de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas ha quedado superado por la realidad y se muestra incapaz de garantizar el suministro eléctrico para acompañar el desarrollo económico e industrial. La FM de Comisiones Obreras considera que tanto los hechos recientes como los escenarios energéticos que apuntan los hechos, exigen la revisión urgente del marco regulador y de las políticas del Gobierno de planificación, infraestructuras, sistemas de generación, incentivos y penalizaciones, garantías estratéticas, etcétera.