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Publicado por
FERNANDO ONEGA
León

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VIVIMOS las horas de máxima tensión política entre el Estado y Euskadi. Son, por tanto, horas de máxima tensión entre todo lo que significa identidad española y el nacionalismo vasco. El enfrentamiento se palpa en los gestos, las declaraciones y en el ámbito institucional. Se ha visto ayer en el Parlamento de Vitoria: un diputado del PP, Carlos Iturgaiz, fue expulsado de la Cámara por responder a una acusación del Consejero de Justicia. Cabe la posibilidad de que Atutxa haya entendido que Iturgáiz le llamaba «militante de ETA» al consejero y no «heredero», pero es igual: Atutxa ha demostrado que no tiene buena voluntad. Cada vez que hay una discusión entre un nacionalista y un constitucionalista, favorece al más próximo. Los diputados del PSOE y, sobre todo, del PP son tratados como indeseables a los que hay que amordazar. Claro que eso es anecdótico ante lo que viene. Sólo refleja una parte del ambiente que encontrará en la misma Cámara el Plan Ibarretxe que hoy se aprueba. El lector puede imaginar el clima de concordia, diálogo y proximidad en que se van a desarrollar los debates: como diría Arzallus, «cero patatero». Ni voluntad de que haya algún acercamiento. El calendario marca la fecha de aprobación de lo que el gobierno central llamó ayer «destrucción del marco de convivencia», y, que sepamos, lo único que Aznar le ha dicho al lendakari en los últimos tiempos ha sido «tienes que cambiar de piñón». Ni una palabra más. Como venimos anotando desde hace meses, sólo se usa el mensaje desde el mitin o la rueda de prensa y, finalmente, el pronunciamiento del Consejo de Ministros. Les ha salido el comunicado más dramátic o que hizo ningún gobierno español en los últimos veinte años, desde 1.982. Es lógico: si ese gobierno entiende el proyecto vasco como «la quiebra más grave del sistema democrático y del Estado de Derecho», no puede mantener una actitud contemplativa y pide a la sociedad que le haga frente. Se avecina, pues, una batalla que no es solamente jurídica. Por primera vez un gobierno, desbordado por un proyecto soberanista, se ve obligado a convocar la movilización social. Ha llegado el momento de adoptar decisiones duras para preservar el orden constitucional y la unidad nacional. A la vista del espíritu del comunicado, no se puede descartar ni la suspensión de la autonomía, que prevé el artículo 155 de la Constitución y aplauden poderosos caballeros como Cuevas. Se abre un panorama lleno de interrogantes y amenazas: otra preciosa herencia para Rajoy, mientras su líder natural se dispone a marcharse de rositas.

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