Castillos en el aire

TIENE razón el señor Vidal, arqueólogo (Diario de León del pasado 22 de octubre). Y si la tiene hay que reconocérsela. Porque, además, suele estar bien informado, al fin y al cabo es el único arqueólogo que forma parte de la Comisión territorial de Patrimonio cultural de esta provincia. Y si él afirma que el castillo de Alba corre el riesgo de ser engullido por la codicia empresarial, sin atender a cuantas leyes y normas nos hemos dotado los ciudadanos para defender ese Patrimonio irreemplazable, es seguramente porque eso tiene visos de suceder. Que un miembro de dicha Comisión reconozca, al menos implícitamente, la impotencia o ineficacia de ciertos órganos de la administración encargados de velar por ese Patrimonio y reclame la intervención de ciertas «voces» que se han alzado en otras ocasiones es, además, una absoluta novedad. Y si me apuran, una no mala noticia, puesto que al airear entre líneas la insuficiencia de la Comisión en cuanto se presenta algún asunto conflictivo (algo que es vox populi, por otra parte) parece propugnar una digna salida a tan desagradable situación a base de su apoyo en instancias distintas e independientes, lo que implica, asimismo, sugerir su reforma. Una reforma que es un clamor antiguo. Lo que ya no es muy de recibo es el tono que emplea y que, por desgracia, se ha convertido en marca de la casa, para esgrimir sus inquietudes. El que insista en mencionar la agria polémica que mantuvo con el profesor que antaño identificó erróneamente la ubicación del castillo, en la que se ha convertido en la equivocación arqueológica más aireada de los últimos tiempos, es un indicio de obstinación sospechoso de autobombo, que sólo parece servirle de disculpa para seguir lanzando puyazos a diestro y siniestro entre otros contra quienes, ejerciendo su derecho a la crítica y, si me apuran, el de una ciudadanía responsable, han manifestado en alguna ocasión su desacuerdo con algunas de las decisiones tomadas en instancias en las que él participa. Resulta sorprendente que reclame la colaboración o la intervención de colectivos a los que aplica descalificaciones sin mesura en apenas un par de párrafos hacia donde desemboca su argumentación histórica. Diríase que en lugar de interesarle el salvamento del monumento que dice defender, éste le sirve de coartada o pretexto para descalificar a todos cuantos no han estado de acuerdo con él a lo largo de estos años en asuntos menos sencillos que dilucidar simplemente «quién sitúa bien el castillo o si éste se conserva o se destruye». Poco interés tiene en ciertas adhesiones quien las reclama con tal displicencia. Y lo digo porque, en efecto, me siento aludido. No por pertenecer a ningún grupo de «voceros, paladines o palafreneros», sino por haber discrepado razonadamente de algunas actuaciones en materia de Patrimonio avaladas por la propia Comisión, esa en la que el señor Vidal es el único arqueólogo con voz y voto. Vuelve a la carga precisamente con Palat de Rey, donde los restos, dice, han sido enterrados, no destruidos. Vaya, pues «se agradece», aunque sigo sin creerlo suficiente ni acertado. Pero éste es asunto aún no concluido. De hecho todavía ninguna administración se ha atrevido a abrir las puertas de ese templo, quizás por temor al escarnio que supondría dar a conocer las actuaciones allí efectuadas. En aquel «debate», la solicitud de un grupo de arqueólogos y profesores fue embarullada y perdida en descalificaciones personales, luchas políticas ajenas y malinterpretaciones, intencionadas algunas. Pero se podrían citar otros asuntos con resultado similar aunque no la misma repercusión pública, incluso el más alarmante de todos ellos, y sin duda de cuantos han tenido lugar en esta década. Uno, por ejemplo, del que la prensa apenas ha informado, relativo a un bien histórico perfectamente ubicado, reconocido y amparado por la ley y de características muy similares al castillo (aunque, eso sí, está en la «capital»). En el año 2001 el Ayuntamiento de León solicitó a la Comisión de Patrimonio el derribo parcial de un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1931. La Comisión autorizó ese derribo. En la actualidad se puede pasear por la calle del Caño Badillo y comprobar cómo los coches penetran por el boquete abierto en la cerca medieval, que fue derruida intencionadamente y reconstruida en parte con un «pastiche» infame, todo ello con autorización de la Comisión en la que el señor Vidal es el único arqueólogo con voz y voto. Cabe recordar a estos efectos que la reglamentación de funcionamiento de la citada Comisión exige la aprobación de estos asuntos por estricta unanimidad. En aquellas fechas, un grupo de ciudadanos acudimos a las instancias administrativas pertinentes: elevamos a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y a la de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Cultura, un escrito firmado por cerca de 200 profesionales de la arqueología, profesores universitarios y de enseñanza media denunciando lo que a nuestro juicio era una violación flagrante de la ley (y no sólo de la de Patrimonio, pues tampoco se pidió permiso de derribo a su propietario, el Estado). Tras darnos largas y datos del proceso, no se nos contestó. También se recurrió al Procurador del Común, quien mediante escrito enviado a la Dirección General de Patrimonio de la Junta se interesó por la apertura de una investigación de irregularidades para depurar lo que a la luz de sus servicios jurídicos se presentaba como un caso manifiesto de vulneración de las leyes de Patrimonio (taxativas al respecto). Nada se hizo, pues como es sabido el Procurador únicamente denuncia y recomienda pero no tiene capacidad ejecutiva. Eso fue todo. Y después no insistimos porque, lamentablemente, después de año y medio, ese tiempo había pasado ya, y esa parte de la muralla era historia. Otra y triste historia. Hasta la corporación que alentó el derribo no está hoy al frente del municipio. Bueno, no toda, algunos concejales sí. Como consecuencia de tales casos (y de otros), el abatimiento y el escepticismo se apoderó de muchos de nosotros. Pero he aquí que si este arqueólogo, que suele estar bien informado, pues no en vano es el único arqueólogo que habla y vota en la Comisión territorial de Patrimonio cultural, nos dice ahora que el castillo de Alba corre peligro, yo le creo y creo en mi obligación ciudadana de apoyar su justa vindicación, más allá de los modales con que la hace pública a quienes desconocíamos esta situación. Acudamos, pues, a las instancias oportunas para salvarlo. Al menos a mi me tiene a su disposición. Apoyo sin reservas cuantas iniciativas se encaminen a evitar esa destrucción, total o parcial. Cuente, señor Vidal, con mi voz, y añádala en cuantas iniciativas tenga a bien emprender o participar al respecto. Y añádala a la argumentación de su voto en la Comisión territorial de Patrimonio cultural de esta provincia, cuando quiera que se trate este asunto.