Teman ustedes lo peor

NO TODO el Gobierno era partidario de iniciar tan pronto la ofensiva legal. Había tres sectores. Uno creía preferible esperar a la aprobación parlamentaria del Plan Ibarretxe. Otro consideraba prioritario que se pronunciase la sociedad civil a través de sus organizaciones. Y un tercero defendía la tesis del paso a la acción inmediata, porque lo está exigiendo la sociedad. Ese sector entiende que ya se ha perdido un año desde que el lendakari ha lanzado su anuncio de cambio del Estatuto de Autonomía y que, en todo caso, es preciso pasar de las palabras de condena a la contundencia de los hechos. Triunfó esta última posición. Los Servicios Jurídicos del Estado no han hecho cosa que dar fundamento legal a la decisión política de recurrir al Tribunal Constitucional. Lo que dijo el ministro Michavila es lo mismo que vienen diciendo los expertos en Derecho Constitucional desde hace una semana: que el texto del gobierno vasco no tiene encaje alguno en la Constitución. ¿Y qué ocurrirá ahora? No tengan ustedes dudas: el Tribunal aceptará el recurso, y eso, en teoría, debería paralizar todo el procedimiento. He dicho en teoría. Es decir, que eso ocurriría en unas instituciones dispuestas a cumplir los mandatos de los tribunales. No parece el caso del Parlamento vasco. Si el señor Atutxa no ha ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo sobre Batasuna ni ninguno de los requerimientos posteriores, ¿va a guardar ahora en el cajón el Plan Ibarretxe? Si lo hiciese, sería señal de que el lendakari no buscaba más que esto: que le echaran abajo legalmente el proyecto, para quedarse como una víctima de un poder central que ni le entiende ni desea que se termine la violencia terrorista. Ese sería su discurso. Aunque se alimentara el victimismo, sería lo mejor que podría pasar. Ahora se abre un debate en el seno del nacionalismo para decidir la respuesta, pero las primeras reacciones conocidas no anuncian esa relativa bonanza. El portavoz Imaz acusó al Constitucional, como suelen hacer, de no ser independiente, sino un instrumento al servicio del poder político. Otros sectores afines al gobierno vasco aseguran que «nadie» podrá impedir la «discusión política» del proyecto. Teman ustedes lo peor: la entrada en un camino de subterfugios legales para mantener vivo el plan. Y, después, en la misma senda del subterfugio, algún tipo de debate parlamentario. Cuando se discute con el nacionalismo, lo que menos importa es la razón jurídica. Lo que importa es quién queda por encima.