Comisión para un problema, dos problemas

EN EL COMIENZO de la transición política, a finales de la década de los setenta, se hizo célebre un aserto: Si tienes un problema, crea una comisión. El problema persistirá, pero habrás conjurado la ansiedad de los impacientes, de quienes reclaman soluciones. Y a esperar a que el temporal amaine. En Castilla y León existe un grave problema de despoblación, que afecta a la comunidad en general, con excepción de Valladolid, la única provincia que está creciendo, en gran medida debido al incremento del número de funcionarios, al acaparamiento de instituciones públicas y semipúblicas y al proceso de arrastre que esta situación provoca sobre las empresas de ámbito supraprovincial. Siguiendo la vieja doctrina, acaba de constituirse una comisión de expertos y políticos con el fin de buscar las medidas más adecuadas que puedan paliar el problema. Existe un cierto morbo por conocer las conclusiones a las que llegarán nuestros sesudos representantes. Parece lógico pensar que a ninguno de ellos se le ocurrirá proponer un proyecto que contemple la salida al mar de la provincia. Seguramente tampoco alguno proponga modificar el clima para vender turismo con garantía de sol y playa... Así que lo más probable es que se apueste por mejorar los servicios en las pequeñas localidades o al menos en las cabeceras de comarca, donde a su vez deberá de impulsarse la industria de transformación de los productos agrarios y ganaderos. Paralelamente deberá ser atendido con especial cariño el medio ambiente, porque en sí mismo genera empleo y porque permitirá un mejor desarrollo del turismo rural, sin olvidar la promoción del rico patrimonio cultural como reclamo de visitantes. Estas actuaciones pasan por la creación de una red de comunicaciones más moderna (en León, es cierto, se están dando pasos sin precedentes). Este rosario de actuaciones del «deber ser» se repite de forma permanente, como letanía memorizada para salvar compromisos y discursos. De igual forma se reclama a los empresarios que apuesten por la tierra y que promuevan nuevas iniciativas generadoras de riqueza y, en definitiva, de empleo. Originalidad Es de suponer que la comisión de expertos que se ha creado ahora, nos ofrecerá otras alternativas diferentes. Por ejemplo, podrían promover un movimiento social que sacara a León del letargo emocional en que pasa sus días, con el fin de que el Gobierno central se vea obligado a realizar una politica nacional de diversificación territorial de las inversiones. No puede escudar su omisión en la garantía constitucional de la libre iniciativa empresarial, porque ejemplos existen de inversiones dirigidas por motivos tanto de carácter político como económico. En la memoria más reciente tenemos a una empresa cristalera que levantó el vuelo de Ponferrada para instalarse en Asturias, al decir de informaciones no desmentidas, por decisión personal del ministro Rato, asturiano de nacimiento, fiel a su tierra. La inversión idustrial se mueve por una serie de condiciones objetivas, entre las que aspectos fundamentales son las comunicaciones, pero también por la inercia que crean grandes proyectos industriales que hacen labores de señuelo para otras iniciativas. José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, ha prometido para León, si gana las elecciones y forma gobierno, el Instituto Nacional de Nuevas Tecnologías. Es evidente que allí donde se instale este centro se creará un movimiento empresarial creciente. No se convertirá León en la Seattle de Estados Unidos, pero es innegable que «focalizará» iniciativas hasta ahora no previstas. Progresivo desierto En todo caso, algo habrá que hacer. En León la situación comienza a ser dramática. Importa invertir la tendencia, crear ilusión para que quienes tienen posibilidades de hacer algo, no emigren también con su dinero y sus ideas. La sangría no puede continuar. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, dados a conocer esta misma semana, cada día abandonan la provincia una media de 47 personas, frente a 43 que recibe. Es decir, que el saldo migratorio es negativo y León pierde diariamente entre tres y cuatro habitantes (sin contar que también son más las personas que mueren que los niños que nacen). La situación resulta aún más grave porque prácticamente la totalidad de las personas que emigran están en edad de producir, mientras que una parte importante de los inmigrantes son personas ya jubiladas que regresan a su tierra. Esta circunstancia se refleja también en el hecho de que el número de niños leoneses apenas alcanza la media nacional, mientras que los jubilados superan estadísticamente el doble. Las perspectivas de supervivencia de los pueblos resultan también preocupantes. Los jóvenes abandonaron los pueblos en busca de otros horizontes, de otra forma de vida. Los municipios han envejecido progresivamente y en la actualidad más de mil núcleos urbanos de la provincia tienen menos de doscientos habitantes. No hay presupuesto público suficiente para equiparar los servicios de estos municipios a los de los núcleos de población más importantes. La política de regadíos no va a favorecer tampoco la supervivencia de los pueblos. A la lentitud en el desarrollo de las obras se suma ahora el temor a la reducción progresiva de las ayudas de la PAC, y en el Páramo Bajo a este panorama se une la protesta por las tasas de los nuevos regadíos. Los agricultores reeditaron el pasado viernes una vieja imagen, la de los tractores en las carreteras. A la memoria de muchos vinieron aquellas protestas de las década de los setenta, cuando miles de tractores ofrecieron una imagen insólita en el León tradicionalmente pacífico y pasota. Malestar ha causado también la decisión del Ministerio de Fomento de iniciar las obras de la autovía que unirá León con Valladolid por el tramo más próximo a la capital del Pisuerga. En el año 1998 Mario Amilivia y León de la Riva firmaron un acuerdo que comprometía al Partido Popular a iniciar esta carretera por los dos extremos a la vez. El incumplimiento más que un agravio hacia León, supone una torpeza política difícilmente explicable. La autovía León-Valladolid tiene unas conotaciones emocionales que van más allá del servicio que prestará en el futuro. Quienes defienden la actual configuración autonómica han de darse cuenta de que una comunicación más fluida entre León y la capital de la Autonomía, con apenas una hora de duración en el trayecto, es el primer paso para superar otras barreras, menos físicas. La Junta ha querido restar importancia a la decisión del Gobierno central y ha precisado que, con independencia de la tramitación administrativa de cada tramo, sigue vigente el compromiso de concluir la autovía antes del año 2010, en cumplimiento del Plan Viaria. Incluso el consejero de Fomento, Antonio Silván, se mostró confiado en que la apertura al tráfico pueda tener lugar antes de la fecha límite indicada. Afortunadamente la necesidad es clara para todos y sólo se requiere decisión política y dinero. No hace falta crear comisiones de estudio. Un problema menos.