Batalla en Euskadi

LA RESPUESTA del Gobierno a la presentación pública del Plan Ibarretxe ha sido la del anuncio solemne de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Lo primero que hay que anotar es que esta decisión y su anuncio público se han llevado a cabo sin comunicárselo al PSOE, partido suscriptor del Pacto Antiterrorista y al que continuamente se le llama la atención en cuanto toma cualquier iniciativa unilateral en este asunto. La decisión del Gobierno es controvertida en cuanto a que lo actuado hasta ahora por el Gobierno Vasco se reduce al envío de un proyecto a la Mesa del Parlamento Vasco y la mayoría de los catedráticos de Derecho Constitucional que se han pronunciado entienden que ante un acto de esta naturaleza, que no tiene carácter normativo, no puede plantear recurso de inconstitucionalidad. Pero la gran duda sobre la forma de actuar del Gobierno consiste en separar en sus respuestas las intenciones electorales de la búsqueda de soluciones para un contencioso que cada día tiene peor salida. Si el recurso cotidiano es la amenaza de aplicación de la ley, sin una previa acción política, se esta renunciando al primer acto de una batalla que es una solución diplomática. En el horizonte se han esgrimido situaciones difícilmente imaginables. Se ha barajado públicamente, en los medios de comunicación, la posibilidad de habilitar penas de cárcel para los actos que inciten a la secesión y para la desobediencia cívica, amenazas que alcanzaban al presidente del Parlamento Vasco y al del propio Gobierno de Euskadi. ¿Se imagina alguien un escenario en el que Atutxa o el propio lendakari sean conducidos por la Guardia Civil al Penal de Santa María? Antes de proseguir en una escalada de tensión, que tiene su origen, sin lugar a dudas, en la posición adoptada por el Gobierno Vasco, convendría recurrir a la política con el horizonte primero de aunar la voluntad de los vascos en torno al proyecto de convivencia que significa el Estatuto y, sobre todo, generar el consenso en el pueblo vasco de que cualquier modificación de nuestro marco legal se tiene que hacer conforme a la ley y respetando los procedimientos previstos en nuestro Estado de Derecho. Demasiadas amenazas terminan por ser ineficaces del todo.