¿Tensión constituyente?

TAL VEZ haya sido el año 2003 el de mayor crispación política en nuestra democracia, y esa realidad, obviamente opinable, se ve acentuada por la falta de diálogo entre el Gobierno y la oposición. Y aún más, por el plante de toda la oposición al Gobierno y a su representación parlamentaria con motivo de una reforma del Código Penal orientada a frenar el Plan Ibarretxe. Debe matizarse que ese rechazo de la oposición, negándose incluso a votar, se debió en gran medida tanto al unilateralismo del Gobierno en el asunto como al retorcimiento procedimental con que lo sacó adelante. Sea como sea, el año termina con fuerte crispación política. Por un lado, el Gobierno, jugando la carta de la inflexibilidad, se niega a considerar las reformas estatutarias que proponen varias fuerzas de la oposición, acompañadas de una reforma del Senado que ya plantea un ligero retoque a la Constitución. Y para crispar aún más el ambiente político, que no el social, surge más o menos inopinadamente la propuesta socialista sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. La sociedad percibirá, al disiparse estas fiestas, íntimas y al mismo tiempo extrovertidas, que se está poniendo sobre el tapete electoral nada menos que la unidad de España, y a ese envite político reaccionan con cierta unanimidad los sectores conservadores del país. Corresponde, pues, a los patrocinadores de las reformas convencer a la sociedad de que la patria no está ni amenazada ni en peligro, que la España plural no es un simple término de la Constitución sino un hecho real, y que el pluralismo, por su complejidad, debe ser encajado en la unidad flexible del Estado facilitándole un buen funcionamiento y su satisfactorio encaje en la totalidad del país. Rajoy va a heredar así un problema que el presidente Aznar deja irresuelto o temporalmente resuelto por el método de mantener a toda costa el statu quo estatutario y constitucional. La presión, sin embargo, de los reformistas, sobre todo desde la Generalitat de Cataluña y, más suavemente, desde la Junta de Andalucía, junto al por ahora confuso modelo de financiación autonómica del PSOE, dibuja algo parecido a un momento constituyente o preconstituyente a escala menor -o, más bien, de revisiones del pacto constitucional- ante lo cual las partes, Gobierno central y oposición, refuerzan sus respectivas posturas, y sin que, en estas circunstancias, se atisbe la menor posibilidad no ya de entendimiento sino incluso de diálogo. Difícil tarea le espera a Rajoy.