Proyecto socialista, proyecto ciudadano

ANTE la próxima cita electoral general de marzo, www.democraciacivica.net -Foro del Socialismo Ciudadano- quiere hacer una contribución, dirigida a los ciudadanos progresistas. Hay que tener miedo a la derecha española. No se ha denunciado todavía con la suficiente nitidez en España la profunda transformación que ha sufrido la derecha a manos de los «neocons», los nuevos conservadores. El principal adversario político del progreso no es ya el neoliberalismo económico, sino el neoconservadurismo político. Ese que, inspirado en las ideas de Leo Strauss, y desarrollado por los ideólogos de Bush, como Wolfowitz, considera que el Estado no debe ser un instrumento neutral que asegure a todos los ciudadanos sus derechos, sino un instrumento político para abrir camino a los poderosos. Pero esas ideas han prendido también como la pólvora en el gobierno del PP. Explican su trayectoria en estos cuatro años de mayoría neoconservadora en España. Están detrás de los intentos de colonización de medios de comunicación y grandes empresas desde el gobierno, detrás de su creciente ataque al laicismo, detrás de la regresión democrática que ha impuesto a nuestro país y detrás de la sustitución del diálogo por el enfrentamiento en la España autonómica. El PP es hoy un partido «neocon», y no un centro reformista. Nos encontramos en España ante una nueva derecha, dura, que ni busca compromisos ni consensos, convierte al adversario o al contendiente político en enemigo, y coloniza todos los poderes o los somete desde el poder político del gobierno. Los neoconservadores españoles no se merecen ya ni ofertas de consenso ni pactos de Estado. Se merecen una clara denuncia, un rechazo sin compromisos y una movilización contundente por parte de todos los ciudadanos que valoran la democracia, la tolerancia y el progreso de España. Pero para que esa movilización sea posible se necesitan dos condiciones: primero, que las fuerzas políticas progresistas se comprometan seriamente con la reconstrucción democrática de España y, segundo, que presenten proyectos solventes y comprensibles para los ciudadanos. Un compromiso serio con la democracia parlamentaria: pensamos que es la regresión democrática protagonizada por el gobierno del PP, junto al déficit de credibilidad que en este terreno tienen todos los partidos políticos, la causa más profunda de la sensación de impotencia que tienen grandes sectores de ciudadanos progresistas. Ganar en credibilidad en este terreno sólo se conseguirá si se defienden medidas eficaces como: 1) Asegurar que, cuando los representantes vulneran claramente la voluntad de los ciudadanos, éstos tengan mecanismos para manifestar directamente la voluntad popular a través de una mayor posibilidad de realización de referéndums ciudadanos o para desposeer al representante de su mandato, a través de procedimientos tasados de recusación ciudadana, de acuerdo con el nuevo sistema electoral que más abajo se propone. Para que el sistema de democracia representativa funcione, existen dos exigencias básicas respecto a los partidos políticos: A) En la medida en que en España son los Partidos los encargados de presentar candidatos a las elecciones y los ciudadanos sólo pueden votar listas cerradas, los partidos políticos tienen la más taxativa obligación democrática, una obligación que hoy no se cumple, de elegir y presentar a los mejores de entre sus filas, mediante sistemas eficaces y transparentes de nominación y de confección de sus listas, basados en la competición leal entre candidatos, y la selección transparente a partir del mérito y la capacidad. B) Que la Ley de Partidos, que en este terreno sólo realiza una serie de brindis al sol tase unos procedimientos internos precisos de funcionamiento democrático de los partidos, respecto a lo enunciado en el párrafo anterior y en punto al control y la participación en todas las grandes decisiones por parte de sus afiliados, por procedimientos como las primarias. En este terreno, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, reformada en junio de 2002, fue una gran ocasión perdida por todos los partidos políticos para cambiar estos extremos. Es necesario cambiar la Ley de financiación de los partidos, convirtiendo todas las donaciones en transparentes. En la medida en que, en España no elegimos par lamentarios sino partidos, ni elegimos personas sino números en una lista fija, la rendición de cuentas se convierte en un acto innecesario para unos representantes populares que, en muchas ocasiones, terminan su mandato como perfectos desconocidos para sus representados. Es necesario cambiar la ley electoral, de modo que las listas presentadas sean cerradas pero no bloqueadas. La definición de una lista cerrada a escala provincial junto a la emisión de un segundo voto en el ámbito de demarcaciones electorales dentro de cada provincia, en las que se pueda votar a candidatos individuales, asegurará el orden de la lista. De este modo conseguiremos en España algo que es absolutamente imperativo ya: que los cargos electos conozcan más de cerca a sus representados y se vean impelidos a rendirles cuentas en todo momento. Es imperativo cambiar el funcionamiento de los parlamentos, en cuestiones básicas como las siguientes, que impedirán que las mayorías parlamentarias hagan casi inútil el trabajo de la oposición: las comisiones de investigación deben de ser controladas por la oposición y no por el partido mayoritario, se debe establecer la existencia y la transparencia de «lobbies» y las audiencias a los mismos, abriendo el parlamento a todos los grupos de afectados por la formulación de leyes, el control al gobierno debe de convertirse en un elemento central de la vida parlamentaria y se debe ampliar los supuestos de libertad de voto por parte de los diputados y diputadas. Los entes públicos de comunicación deben de pasar a ser independientes, con su propio estatuto de Autonomía, deben de ser regidos por comités independientes de la política, retirándose los representantes de los partidos de sus consejos de administración, y eligiéndose sus más altos cargos por un periodo de seis años y por mayorías cualificadas en sus respectivos ámbitos parlamentarios. Esta medida se debe de tomar a todos los niveles: nacional, autonómico y local. Es necesario que aumente en grado extraordinario la difusión a través de los medios de comunicación, de la cultura democrática y de sus valores y del debate político y social. Para ello, los medios públicos de comunicación deben de tener un consejo que promueva estas actividades y elimine el sexismo, la violencia y la sistemática intromisión en la vida privada de su programación. Pensamos que los grandes proyectos que necesita España son tres: soluciones efectivas y rápidas a la situación y el destino que en España tiene la juventud, la creación de un activo movimiento ciudadano por una Europa laica, progresista y autónoma en el concierto mundial, y el lanzamiento de un debate nacional que conduzca a la actualización y reforma de la Constitución.