Alarma social desde el juzgado

HAY ocasiones en que resulta inevitable pensar esta barbaridad: algún juez tendría que sufrir lo que sufren algunos ciudadanos. Es decir, que unos atracadores entren en su casa por la noche mientras duermen, los despierten a punta de pistola o arma blanca y de svalijan el hogar. Por experiencia propia, les aseguro que es una de las escenas más próximas al terror que se pueden vivir. Su memoria permanece imborrable durante años. Según la violencia de la agresión, quizá toda la vida. Cito esto a cuenta de lo último que ha ocurrido en Madrid. Dos bandas de atracadores de origen rumano, un total de 16 personas, han sido detenidas por la policía y puestas a disposición judicial. Y se ha cumplido lo que parece una maldición: salvo uno de los jefes de las bandas, todos entraron por una puerta y salieron por la otra. La juez del Juzgado número 28 de Instrucción, previo informe del fiscal, ha entendido que los debía poner en libertad. Están acusados de lesiones, posesión ilícita de armas, de falsificación de tarjetas de crédito y estafa. En total, se les atribuyen un centenar de delitos. Pero están en la calle. El Gobierno suele decir que airear estas noticias crea alarma social. No; lo que crea alarma social es que existan estas noticias. Y existen. Desde que esa juez decretó la libertad de los detenidos, es evidente que dos grupos de delincuentes, con un total de quince miembros, siguen sueltos y dispuestos a realizar nuevos asaltos. Las consecuencias inmediatas son básicamente dos: vuelve la desconfianza de los ciudadanos respecto a la política de seguridad, y se produce una desmoralización de la policía. Detrás de cada detención hay un largo trabajo de investigación. Los agentes se pueden preguntar si vale la pena tanto esfuerzo, a veces con riesgo de su vida. Pero hay una reflexión más de fondo: si el juez adopta esa decisión, no es por capricho ni por una actitud de rebeldía. Es porque hay una legislación o un defecto de legislación que lo permite. De poco están sirviendo las múltiples reformas del Código Penal. De muy poco están sirviendo las sucesivas reformas de la Ley de Extranjería. Y de muy poco están sirviendo los esfuerzos de la policía. Se estrellan contra una legalidad -quién sabe si una falta de sensibilidad-que actúan a favor del delincuente. El poder político lo sabe. Es consciente de que España es un punto de atracción de la delincuencia internacional. Los dos partidos mayoritarios prometen aumentar el número de guardias. Pero, ¿de qué sirve tanto guardia si la ley y los jueces no permiten el ingreso en prisión de sus detenidos?