Dos Españas incluso en la familia

BUENA noticia para la España progresista; mala para la España más conservadora. De esa forma tan fácil y obvia puede calificarse la decisión de un juez de Pamplona que otorga la patria potestad a una pareja de mujeres lesbianas. Y así han respondido también las fuerzas políticas: aplausos del Partido Socialista, IU y PNV y el rechazo de la autoridad eclesiástica, como se podía esperar. El único alto cargo del Gobierno que habló hasta el momento de escribir esta crónica, el secretario de estado de Justicia, espera que el Constitucional anule la ley foral que hizo posible la decisión. El caso ha empezado a dividir a la sociedad española, más o menos en esta línea: un sector piensa en las parejas de hecho. Reconocer que pueden adoptar es un paso hacia la igualdad. Otro piensa en las niñas: ¿qué tipo de trauma les quedará cuando empiecen a sentirse diferentes, porque sus padres no son hombre y mujer, sino dos mujeres? ¿Será verdad, como dice la jerarquía, que eso condicionará su personalidad e incluso sus comportamientos sexuales futuros? ¿Dónde está el límite que separa el progreso del inicio de la descomposición familiar? Estamos, sin duda, ante un caso excepcional. No es lo mismo que se conceda la adopción a una pareja de varones homosexuales que a dos mujeres, una de las cuales es madre biológica de esas criaturas. Por lo menos la mitad de esa pareja tiene un derecho natural. No es que le otorguen la patria potestad. Es que le corresponde por ser madre. Y, si viven juntas, la decisión judicial no hace otra cosa que legitimar una situación de hecho que comenzó hace cinco años, en el momento en que ambas mujeres iniciaron su convivencia; su «pecadora convivencia», que dirían los obispos. A todo eso hay que añadir alguna inquietante reflexión política. Tenemos un Tribunal Constitucional encargado de poner orden en los vuelos legislativos de las autonomías. Se le encomienda la vigilancia de la atribución de competencias que corresponden al Estado. Pero es tan lento en el estudio y dictamen que sus sentencias llegan tarde. Como fruto de esa tardanza, hoy es obligado admitir que también hay dos Españas, o varias Españas, en Derecho de Familia. Lo que se hizo en Navarra no se podría hacer en más comunidades que en el País Vasco. Y así, normas y derechos muy importantes, que afectan directamente a las personas, no dependen de que el próximo gobierno español sea del PP o del PSOE. Dependen de la mayoría que gobierne en una región y, en muchos casos, del talante personal de su presidente.