Privatización, un caso ejemplar

EN ESPAÑA son muchas las personas que han trabajado, y cotizado a la Seguridad Social durante toda su vida; una de ellas es mi mujer: dos años en Los Pablos, 32 años en el Supermercado Los Benavides de cajera, cinco años en el paro haciendo cursos y finalmente seis años en el Ayuntamiento de Villaquilambre, realizando el trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio. Un trabajo social que venía desempeñando para el Ayuntamiento mediante un convenio con la Diputación desde 1998. Había sido competencia anteriormente del Inserso y Bienestar Social. Pasando las competencias a la Diputación y Ayuntamientos desde entonces, hasta marzo del 2003. Estas labores sociales, tan importantes para sectores de la población como la tercera edad, están siendo privatizadas, perjudicando a los usuarios y agrediendo los derechos laborales de trabajadores como mi mujer. Ayuntamientos y Diputación asumen competencias sociales que después rechazan y privatizan dándoselas a subastas, sin la menor consideración (como en este caso de la Ayuda a Domicilio) hacia los derechos de unas 200 mujeres trabajadoras. La privatización de este servicio fue un cúmulo de contradicciones hasta llegar al pleno de la Diputación de León donde se aprobó, el día 25 de septiembre de 2003, con los votos favorables del Partido Popular, el voto en contra de Izquierda Unida y la injustificable abstención del PSOE y UPL (injustificable y penosa se está debatiendo el bienestar de miles de personas de la tercera edad de esta provincia y se dejaban a la deriva a más de doscientos trabajadoras, yo al menos me quedé petrificado). Y aún me ha parecido más asombroso que los sindicatos no salieran antes, y después, exigiendo que la empresa adjudicataria mantuviese intactas las condiciones de los puestos de trabajo mediante la subrogación de los mismos. Tanto en UGT como en CC. OO. se limitaron a decirles que tuviesen cuidado con lo que firmaban (como si ellas pudiesen hacer algo al respecto) y al final fue igual, porque aunque el contrato ponía 18 horas semanales ellas trabajaban 20, 23 ó 30, es decir, a la carta empresarial. Aunque me consta que en la dirección de estos sindicatos existen personas con honradez y principios, algo marcha mal, porque no es de recibo que no sean los primeros en levantar la voz para defender los derechos de estas trabajadoras. Mi mujer, como el resto de las trabajadoras, fue cesada por el ayuntamiento el 31 de marzo del 2003, y su puesto de trabajo pasó a depender de la empresa adjudicataria, Grupo Carflor, domiciliada en Villaobispo de las Regueras. En dicho traslado pierde todos los derechos laborales adquiridos anteriormente. Sin embargo, el trabajo es el mismo. Posteriormente, una intervención quirúrgica en el pie, en agosto de 2003, que le obligó a estar de baja cuatro meses, fue la excusa que encontró la empresa para despedir a mi mujer del empleo que llevaba seis años realizando. El día 7 de enero llamaron a la puerta de nuestro domicilio, una hora después de terminada su jornada laboral. No los Reyes Magos, sino dos representantes de la empresa con una carta que, como causa del despido, indicaba lo siguiente: «La disminución, continuada y voluntaria, en el rendimiento de trabajo normal o pactado». Eso sí, debajo indicaban cínicamente que todo esto lo hacían bajo el amparo del Artículo 54.e del Real Decreto Legislativo 1/1995, de la ley del Estatuto de los trabajadores. ¡Qué atropello a la dignidad! Como ustedes comprenderán, en el juzgado no hay mucho que ventilar (o nada), pues si mi mujer denuncia y el juicio tarda en salir tres meses, solamente cobraría los salarios de tramitación si lo que saliera fuera despido improcedente o nulo, que la tendrían que readmitir de nuevo y pagarle todo. Es decir, hoy en día, una utopía. Cuando un servicio público se vende a una empresa privada deben estar incluidos también los trabajadores, no es justo que cojan sólo los beneficios. Pero, curiosamente, la Diputación Provincial aumentó la cuota en el cobro a los usuarios (clientes) y, sin embargo, la empresa respondió pagando menos a las empleadas, y por tanto menos a la Seguridad Social (al fin todos salen ganando menos los ancianos y las trabajadoras). Éstas y otras cosas suceden cuando se permiten, que se firmen los contratos de las privatizaciones sin que haya una garantía real de subrogación, es decir de respeto a los derechos previamente adquiridos por los trabajadores. Así están los juzgados saturados, por tantas demandas, y ¿cuáles son los resultados? Pues que en un estado de derecho donde los derechos laborales deberían ser respetados, sin tantas zancadillas ni trabas, sólo se potencian los contratos basura o, si no, repasen las últimas sentencias en casos de accidentes laborales donde parece que el culpable es siempre el trabajador. Hasta llegar a situaciones tan kafkaianas como el despido de mi mujer por «bajo rendimiento continuado», cuando en realidad mi mujer fue intervenida quirúrgicamente de una operación de huesos. ¿No será que nadie quiere oír, ver, y mucho menos defender derechos que hasta ahora habían sido históricos de los trabajadores? Esto no es un caso aislado, es un goteo de privatizaciones de servicios públicos. Y digo yo: si la Diputación Provincial y los ayuntamientos privatizan sus competencias para ahorrarse dinero y problemas, permítanme esta idea ahorrativa: ¡Privatizar las concejalías! Que se las den a gestores, que es su profesión. Pues ya saben, señoras y señores, quienes quieran tirar de este carro, bienvenidos sean, y el que quiera más información y hacer una tesis puede hacerlo, o incluso escribir un libro. Yo no pretendo salir en las fuentes adjuntas, porque los responsables de este desafuero son quienes desde el silencio han permitido dicho cambalache. Mientras tanto, en mi casa, si antes íbamos tirando con las cuatro perras de la minusvalía mía, que asciende a 432 euros al mes, y el sueldo de mi mujer, de lo malo y con la resignación se podría, mal que bien, ir dando una educación a nuestra hija. Pero con la cotización que fijó la empresa Carflor S.L. (100 euros menos al mes de diferencia) la han encaminado no a la baja, sino por el tobogán, y con la edad que tiene, no hay que ser muy listo para saber que después de no dejar a deber nada al trabajo durante 46 años de cotización, no hay otro futuro que el paro, si alguien no endereza este desafuero. Me dirijo a todas las autoridades para poner fin a semejante atropello. Hablo de la dignidad, del futuro de mi mujer y otras como ella. Ustedes pueden y deben poner fin a situaciones como ésta, no hablo de trato de influencias, hablo de algo más sencillo: de justicia.