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ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES EN EL BIERZO
León

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¿HAY una solución para la diabetes? A nosotros nos gustaría contestar la pregunta de la siguiente manera: «Creemos que no hay una solución para la diabetes sino que hay muchas soluciones para la diabetes». La diabetes es una enfermedad heterogénea, tiene muchos perfiles, se presenta de muchas maneras y al paciente se le debe dar lo mejor que se le pueda ofrecer. Tenemos un primer problemas, y es que en el supuesto de que la técnica alcance un nivel suficiente y estén resueltos los problemas dogmáticos, y sea éticamente justificable en cada caso el trasplante, no tendremos bastantes islotes pancreáticos para todos. Hay que buscar fuentes alternativas y esa fuente alternativa, esa fuente ilimitada de islotes se llama «células madre». Por lo tanto, las células madre no son la única fuente alternativa que tenemos hoy por hoy para generar nuevas células productoras de insulina. Las Cortes aprueban la investigación con células madre embrionarias en España. El Pleno del Senado aprobó definitivamente el proyecto por el que se reforma la ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, pretende evitar la acumulación de embriones congelados en las clínicas donde se realiza fertilización in vitro y abre la puerta a la investigación en España con células madre embrionarias. El texto no presenta ninguna modificación respecto al que aprobó el Congreso, ya que el PP no ha introducido ninguna enmienda, ni tampoco ha aceptado las de la oposición. Por ello, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, ya se podrán impulsar este tipo de investigaciones para comprobar la eficacia de estas células en la regeneración de tejidos y su consecuente aplicación contra enfermedades como la diabetes, el Parkinson y, otras neurodegenerativas que se beneficiarían de estas investigaciones. Supuestamente la ley abre un camino a la investigación al posibilitar el uso de los embriones sobrantes criopreservados por encima de los 5 años para fines de investigación. Pero esto plantea igualmente una serie de dudas: En primer lugar no se sabe muy bien el número de embriones disponibles o que van a estar disponibles ya que se condiciona su uso al consentimiento informado, a la prórroga de cuatro años más sobre los cinco iniciales en caso de que no puedan ser localizados los progenitores, por lo que habrá que esperar a saber cuántos preembriones pueden ser utilizados en la investigación. Por otro lado, tampoco se aclara qué pasará con los futuros embriones sobrantes cuando entre en vigor la ley ya que, aunque en ella se plantea que no habrá embriones sobrantes, por lo que se podría considerar una ley de punto final, en realidad, aunque en menor número, se seguirán produciendo embriones sobrantes, con lo que en realidad se está trasladando el debate al futuro y habrá que plantearse de nuevo qué se hace con estos embriones sobrantes. También habría que plantearse que la creación del centro nacional que controlaría todo, o sea preembriones disponibles, autorización de grupos de investigación, subvenciones europeas a la investigación en células madre, etcétera, no es incompatible con otros centros autonómicos, como el de la Junta de Andalucía que tiene competencias adecuadas para su desarrollo. También habría que plantearse que la creación del centro nacional que controlaría todo, o sea preembriones disponibles, autorización de grupos de investigación, subvenciones europeas a la investigación en células madre, etcétera, no es incompatible con otros centros autonómicos, como el de la Junta de Andalucía que tiene competencias adecuadas para su desarrollo. En realidad la ley que se vende como una ley progresista que abre el camino a la investigación es una ley restrictiva que impone cortapisas a la misma probablemente condicionada por elementos de presión de carácter moral más que por motivaciones científicas. Cuando precisamente, el Parlamento Europeo votó a favor de conceder fondos comunitarios a la investigación con células madre derivadas de embriones humanos. Vemos la «desconfianza» del Gobierno en los médicos y comunidades autónomas al centralizar la gestión de los embriones. El asunto competencial también es criticable desde la opinión de las personas con diabetes, por lo que lamentamos que desde el Gobierno de la Nación y el Partido Popular se esté realizando un ejercicio de intransigencia por su falta de diálogo. Por nuestra parte, fundamentamos especialmente la crítica en los límites impuestos a la fecundación de ovocitos. La medicina y el ser humano no son matemáticos ni uniformes. Así, los proyectos reproductivos o la calidad espermática pueden ser diferentes. La ley de Andalucía en este sentido es una ley que se hace exclusivamente para posibilitar la investigación en un campo que supone la apertura de un horizonte esperanzador para miles de pacientes, dando la respuesta a inquietudes de científicos y al espacio europeo de investigación que se crea con la derogación de la moratoria de la Unión Europea sobre la investigación con células madre. El reciente recurso interpuesto contra la ley de Andalucía pone de manifiesto las verdaderas intenciones del gobierno de la nación, ya que en lugar de adherirse y apoyar el proyecto, lo interfiere intentando retrasar de esta manera el comienzo de las investigaciones en nuestro país. Andalucía ha dado en todo momento muestras de colaboración con el gobierno al pedir su consejero de Salud a la ministra de Sanidad que liderara el proyecto apoyándolo, permitiendo de esta manera que las investigaciones puedan comenzar inmediatamente con todas las garantías que aporta la ley andaluza y el decreto de desarrollo que se ha aprobado creando el Comité de Investigación con Preembriones Humanos, la respuesta ha sido el recurso contra la ley andaluza. Hay que dejar que el banco abierto por la Junta de Andalucía sea el primero de estas características de España y el segundo de carácter público de Europa, que con su sede en Granada ha empezado a funcionar a principios de 2004, dado que de no ser así estaríamos perdiendo un tiempo incalculable que no se vería con buenos ojos desde este colectivo que formamos dos millones y medio de personas en España, a los que hay que sumar a todos sus familiares y gente comprometida con esta patología. Por lo tanto, desde estas líneas, queremos llegar a la sensibilidad del próximo Gobierno de España, para que se pueda seguir avanzando en las investigaciones con el mínimo tiempo de demora posible, y que entendemos que por estar ya en marcha y ser los primeros en interesarse, sería la opción más rápida y más sensata; independientemente de que desde el Ministerio de Sanidad se adopten las medidas oportunas para abanderar esta investigación cuando realmente los problemas «éticos» se hayan despejado.