Presunciones

DE LA misma forma que existe la presunción de inocencia, parece que ha aflorado en estos días lo que podríamos denominar «presunción de derogación legislativa». Se trata de un pálpito, de una intuición de que la legislación vigente va a ser cambiada por lo que se colige que no hay que cumplir la legislación vigente. El nacimiento de esta figura, que no sé si denominar emocional, de prejuicio le gislativo o de corazonada jurídica, no ha surgido en la Asociación de Amigos del Mantón de Manila, poco duchos, en principio, a los problemas legales, sino de las consejeras de Educación de dos instituciones del Estado: la Generalitat de Cataluña y el gobierno vasco. Hasta ahora las Cortes aprobaban las leyes y, una vez proclamadas, se cumplían, hasta que fueran reformadas por las mismas Cortes. Pero si aplicamos la presunción de derogación, ahora que viene el momento de pagar el I.R.P.F. y, dado que en el programa del PSOE venían propuestas de un tipo de imposición único, los contribuyentes, sujetos a este pálpito que atenaza a las consejeras de Educación de Cataluña y el País Vasco, podríamos dejar de pagar los impuestos hasta ver en qué queda el I.R.P.F. que saque adelante el nuevo Gobierno. Puestos a ser autónomos, nada más perfecto que la autonomía individual, y en aras de esa autonomía decisoria podríamos dejar de pagar a la Hacienda Pública hasta que veamos qué decisión van a tomar sobre los impuestos en la legislatura que se avecina. La situación puede crear inseguridad jurídica, puesto que la presunción de derogación no tiene por qué ser una intuición que sólo afecte a los consejeros autonómicos. Incluso puede llegar a afectar a los jueces que, presos del pálpito, dejen en suspenso las sentencias a la espera de las reformas futuras, o a los agentes de tráfico que impongan multas mucho mayores a tenor del programa de tráfico del PSOE.