La crisis financiera de la Universidad

DE LA UNIVERSIDAD y sus sistemas de financiación hay muchas formas de hablar y mucho que decir. Se puede conjeturar con diversos fines, pero sólo los datos ciertos son realmente útiles. Son los datos fríos, tal cual se recogen, los que se deducen de los presupuestos e indican que en el del año 2003, por ejemplo, la Junta de Castilla y León transfirió a la Universidad de León (ULE) 42,59 millones de euros, incapaces de atender siquiera los costes de personal, 58,3 millones. Los 63,1 millones de euros a los que ascendía el presupuesto tuvieron que completarse con los precios públicos (matrículas y otros tipos de tasas), un concepto que representó el 20,51% de los ingresos. En la Universidad de León nada podrá resolverse si no se mejora sustancialmente el compromiso de la Junta con nuestra institución. Y si no se resuelve, la ULE tiene dos alternativas: a) empezar a reducir costes con urgencia y echar el cerrojo a numerosos servicios y titulaciones, con un daño irreparable en credibilidad y calidad; y b) trasladar los costes a las familias vía elevación de los precios públicos y de las tasas. Abrir titulaciones sin la preceptiva contrapartida presupuestaria tiene muchos riesgos. La enseñanza superior, entendida como la resultante de un esfuerzo social compartido, languidece. Avanzamos hacia una liberalización, que en nuestra opinión es absolutamente inviable, mediante el encarecimiento directo de las matrículas para el alumnado y la reducción del compromiso de la sociedad, vía presupuestos, con la universidad. El mensaje de la Junta de Castilla y León, con sus hechos, es contundente. ¿Incremento de los precios públicos o cerrojo? Es el dilema. La universidad aumenta sus costes de operación en la misma medida que el saber se hace complejo y las estrategias docentes y de investigación se multiplican. Conviene saber cuanto antes de qué parte se está. La sociedad española no pueda liberalizar sus universidades, sencillamente, porque los costes de operación no pueden ser soportados por los presupuestos familiares. En esta situación se impone la sensatez. La financiación neta por estudiante universitario y año es muy distinta según la comunidad autónoma. En Canarias la Administración regional aporta en sus presupuestos 3.148 euros por alumno y año; en Castilla y León, 2.324. La diferencia, 824 euros, supone para la ULE un déficit anual de doce millones de euros o 48 millones en un cuatrienio. El esfuerzo percápita de Canarias es de 20,34 puntos, 4,92 más que el de Castilla y León (15,42), teniendo rentas per cápita similares. Estamos, por lo tanto, ante una elección política, ante un asunto opinable y opcional. Si se compara la financiación neta por alumno de Cantabria y Castilla y León, encontramos que allí asciende a 5.347 euros anuales y en la ULE, a 4.076 (según datos de la CRUE -Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas- publicados en 2002). La penalización para la ULE es de 1.271 euros, lo que representa en un cuatrienio un agujero de 72,6 millones de euros. Los presupuestos hablan con precisión del tipo de sociedad que se promueve. Vivimos en la sociedad del conocimiento, a la que corresponde una estructura económica del conocimiento, deudora del compromiso con el saber. Lo que aquí se debate son los presupuestos de la ULE y su aguda crisis financiera, que también; lo que aquí se debate es lo que queremos ser mañana y el lugar que deseamos que ocupen las futuras generaciones. La Universidad es columna vertebral de las sociedades modernas. Es una inversión y además estratégica y no puede seguir siendo la perdedora de todas las infraestructuras. España y León, por su PIB, por su renta percápita, por su desarrollo, merecen y necesitan otra universidad. Quizá ha llegado el momento de reorganizar prioridades. La universidad no funciona a cuerda. El esfuerzo que la Universidad ha realizado en los últimos años ha sido titánico. Una Universidad empalada entre la masificación y las miserables dotaciones presupuestarias. Lo sigue siendo pero no estamos contentos. No estamos contentos con tanta indigencia en medio de un festival de crecimiento económico y fortaleza financiera. Sin infraestructuras y sin dinero para profesorado, dotaciones, instalaciones, investigación, becarios y personal técnico, el compromiso con el futuro y la sociedad del conocimiento se evapora en retórica y buenas intenciones. La prosperidad y acierto de las naciones está en relación directa con su compromiso con el saber en general y con sus universidades en particular. Olvidar un axioma tan cierto es jugar a la ruleta rusa y dice muy poco del que se aventura en tan peligroso pasatiempo. No hablamos de derechos laborales o sindicales, estamos hablando de futuro con mayúsculas.