El debate autonómico

LA PROXIMIDAD del Congreso de la UPL, previsto para el día 23 de mayo en Astorga, y la anunciada reforma de la Constitución con el fin, entre otros objetivos, de plasmar en la Carta Magna la relación nominal de las 17 autonomías, ha intensificado el permanente debate sobre la segregación de León. El pasado domingo abordábamos en esta misma página las dificultades de la UPL para permanecer en una posición de reivindicación exclusiva, ante el riesgo de que este campo lo roture a partir de ahora José Luis Rodríguez Zapatero si cumple sus compromisos electorales. Concluíamos entonces que a la UPL no le queda otro remedio que el recurso a la demanda de autonomía para León como signo fundamental de su estrategia. Lo que no habíamos previsto es la impagable generosidad del resto de los partidos para ayudar en el empeño. José María Rodríguez de Francisco considera que sería suficiente con la aprobación de una Ley Orgánica para desarrollar a continuación el Estatuto del Reino de León, una comunidad autónoma en la que se incluiría también a Zamora y Salamanca. De esta forma, tres de las provincias de España que ocupan las últimas posiciones en cuanto a empleo y desarrollo industrial, podrían «administrar sus propios recursos», algo que para el líder leonesista es sinónimo de progreso. El nuevo delegado del Gobierno, Miguel Alejo, zamorano afincado desde hace muchos años en León, donde ha sido concejal socialista en dos mandatos, reconoce que el debate es legítimo porque está en la sociedad. No en vano, la UPL tiene representación parlamentaria. Esta posición provocó una catarata de reacciones, porque un periódico tituló que Alejo era partidario de «abrir el debate» sobre la autonomía de León. Es lo que tiene la política, que con excesiva frecuencia se fundamenta más en las palabras que en los hechos. Y ya se sabe que las palabras son traicioneras, no sólo por el riesgo que existe de ser sacadas de contexto, sino también porque no siempre es fácil ajustarse a los matices y resulta complicado adecuar con exactitud el verbo al pensamiento. Sobre todo cuando, como le ocurre al político, uno tiene la necesidad de hablar permanentemente para demostrar que existe. El problema de Alejo es que al ser investido con la púrpura del cargo de delegado del Gobierno, también ha querido adornarse con el ropaje marca «nuevo-talante» del jefe de filas, de Zapatero. Ahora lo políticamente correcto es que todo se puede debatir, el diálogo es la madre y la panacea de la felicidad. Y claro, uno se pregunta qué pueden debatir el PP y el PSOE con la UPL si los partidos mayoritarios sostienen que el «mapa autonómico español» está cerrado. Esta concesión sorrostrada al diálogo resulta además innecesaria, porque ni siquiera existe el teórico riesgo de la afrenta en la campaña electoral hacia quienes no están cómodos con Castilla. Y es que la UPL ya ha anunciado que no concurrirá a los comicios electorales del día 13 de junio. Para obtener un representante en el Parlamento Europeo se necesitan los sufragios del cien por cien de los leoneses, incluidos niños y jóvenes que todavía no han alcanzado la mayoría de edad y que, por lo tanto, no tienen derecho a voto. Así que ante esta imposibilidad matemática, la UPL ha preferido no gastar salvas en la boda y ha optado por quedarse fuera de la confrontación. Cabía la posibilidad de participar en coalición con otras fuerzas regionalistas, pero tampoco obtendrían resultados prácticos. El candidato leonesista nunca estaría colocado en un puesto de salida. El PP ha sido más claro en la respuesta a la UPL. El senador Mario Amilivia explicó que modificar el mapa autonómico requiere un acuerdo tan amplio, que hoy resulta imposible de alcanzarse. Amilivia es rotundo al afirmar que el PP ya hizo su apuesta, que se traduce en la permanencia de «León como una provincia fuerte dentro de una Comunidad autónoma fuerte y que es Castilla y León». En realidad estamos asistiendo a fuegos de artificio, en una etapa política especialmente neurótica. La proximidad de las elecciones europeas está provocando una situación desconocida en la política española. Era frecuente que al nuevo gobierno se le otorgaran cien días de tregua después de las elecciones. En esta ocasión no ha sido así y cualquier cuestión ha valido para exacerbar unos comportamientos que aún no habían sido calmados después del 14-M. Este ánimo caliente, este estado de excitación, explica lo ocurrido ante lo que sin duda han sido desafortundadas declaraciones del leonés José Antonio Alonso. El titular del Ministerio de Interior dijo que el Gobierno anterior había tenido noticias de la posibilidad de un atentado antes de que ocurriera la masacre de Madrid. Es evidente que estas acusaciones no se pueden hacer sin pruebas o sin la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias. El asunto es demasiado grave. No se puede en estas cuestiones utilizar la insidia como arma arrojadiza de la acción política. Uno tiene el convencimiento de que todo fue producto de la bisoñez y que de haberse respetado ese compromiso no escrito de los cien días de tregua, el asunto no habría pasado a más. Pero aquí se juntaron dos cosas: el PP vio carnaza y voraz se lanzó a por ella. Y, además, la acusación golpeó con fuerza al ya sobradamente dolorido cuerpo del antecesor en el cargo. Así que Acebes no estuvo más comedido y no dudó en calificar a Alonso de miserable. Hasta ahora ha habido una especie de pacto entre los ministros del Interior, porque entienden que ya es suficientemente dura su tarea, como para distraerse en este tipo de disputas. Ni críticas a lo anterior, ni chinitas para el futuro. Seguramente muchos de nuestros políticos actuales deberían aprender del presidente de la Diputación de León, Javier García Prieto. El recurso no puede ser más simple: aplicar el sentido común. Disciplina contra los prejuicios ideológicos o de facción. A las pruebas cabe remitirse. La consejera de Medio Ambiente había mostrado cierta cautela ante el proyecto que pretende desarrollar una gran estación de esquí en San Glorio, compartida por Asturias, León y Cantabria. García Prieto reitera que la iniciativa saldrá adelante, porque cuenta con el compromiso público del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Efectivamente, con motivo de la inauguración del museo de caza en Valdehuesa, García Prieto lanzó el reto y Herrera, después de amenazar con una cariñosa colleja al presidente leonés, no tuvo otro remedio que expresar su compromiso por una apuesta que sin duda será motor importante para el turismo. Pero hay más. García Prieto propició que el Pleno de la Corporación acordara por unanimidad felicitar a Zapatero, al tiempo que la institución provincial expresaba su apoyo ante cualquier iniciativa del nuevo gobierno socialista en pro de León. Estas cosas, que a un ciudadano de la calle le parecen lógicas, en política no son frecuentes. El sentimiento de partido prima con frecuencia sobre otros comportamientos más generosos. García Prieto une a su talante personal la suerte de un prestigio entre los suyos, en León y Valladolid, que le pone a salvo de la inquina de los propios. Un peligro más en política que siempre acecha y que con frecuencia es más demoledor que la afrenta del adversario.