La revolución familiar

EL PSOE acaba de hacer una oferta de larguísimo alcance ético y social: divorcio expréss, aborto libre y matrimonio gay. Son tres muestras del programa electoral de un partido deseoso de cumplir sus promesas. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirma su deseo de que todas las reformas legales, incluida su anunciada revolución en el orden familiar, sean sometidas a debate, dentro y fuera del Parlamento. El PP ve difícil que se llegue a un consenso mientras los socialistas mantengan sus aspiraciones máximas en estas materias tradicionalmente envueltas en fuertes reservas morales. La sociedad española estaría viviendo ahora una etapa de progresismo, tal vez por el movimiento pendular de los talantes sociales -del conservadurismo aparentemente petrificado de Aznar al reformismo maliciosamente angelical de Zapatero-, y ello se refleja en la escasa reacción que han inspirado los cambios radicales del Gobierno en el derecho de familia. Tiempo habrá para el enzarzamiento parlamentario y hasta mediático, pero nada indica, al menos de momento, que sectores de la sociedad vayan a rasgarse las vestiduras ante algo que venía planteándose desde hace tiempo. Nunca se había atrevido el PSOE a remitir a las Cortes ese cuarto supuesto de despenalización del aborto que equivaldría al aborto libre. Porque ya no se trataría de grave riesgo para la salud de la madre sino de cualquier situación socioeconómica negativa. López Aguilar piensa encomendar a una comisión parlamentaria, antes de un año, el estudio de la más amplia despenalización del embarazo voluntariamente interrumpido. Lo del divorcio es un asunto menor porque el Gobierno sólo pretende «aligerarlo», suprimir la larga etapa de separación matrimonial que debe demostrarse antes de que el juez dictamine. Si sale adelante la reforma de López Aguilar, un matrimonio podrá divorciarse desde su propia casa, sin la obligación de interrumpir previamente su convivencia. Atribuye el ministro muchas de las tensiones que derivan en violencia doméstica a la farragosidad de los trámites de divorcio, que obligan a los cónyuges a compartir penosas comparecencias procesales. Para el divorcio instantáneo parece que va a bastar el mutuo consentimiento. Y sobre el matrimonio gay, nada popular en este país de orgullo heterosexual, tras el que a veces se ocultan desviaciones que al berraco ibérico avergüenzan, cabría decir que se trata más bien de un problema confesional, que sólo afectaría a los protagonistas de las nupcias, si es que llegaran a aprobarse, que se aprobarán seguramente, y con todos los derechos que adornan el matrimonio entre heterosexuales. A nadie le importa que un gay reciba la pensión de su cónyuge gay fallecido, pero hay algo en ese tipo de relaciones que afecta a la toda la sociedad, y es el derecho de adopción. Frente a ese derecho, el del menor adoptable será siempre superior. Al menos mientras no se demuestre que el adoptado puede desarrollarse normalmente con dos padres o dos madres gais.