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ENRIQUE SOTO DE SOTO PORTAVOZ DE LA UPL EN EL AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
León

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CUÁNTO daría yo por una España unida, que pueda negociar con fuerza en la Unión Europea, que pueda salvaguardar con eficacia los intereses de todos y cada uno de los españoles y de los pueblos de España, que pueda hacer valer su soberanía frente a las pretensiones de nuestros vecinos, que haga oír su voz con autoridad en el concierto internacional y que sea respetada entre las grandes naciones europeas. Con la misma convicción, trabajo por una España articulada en torno a la realidad plural que la constituye, en la que sus distintos pueblos gocen todos de igual dignidad, igualdad de derechos e igual autonomía. La igualdad interior es condición de la unidad ante el exterior y, por tanto, rescatar a León de su exclusión autonómica es un tema preferente de interés nacional. En la presente edición del debate autonómico leonés los protagonistas son los políticos. Por esta razón puede ser que el debate, por fin, sea eficaz ya que está demostrado que aquí lo que más cuenta no es lo que quiere el pueblo sino lo que quieren los políticos, lo cual manifiesta la imperfección de esta democracia. Si hubiera habido respeto por la voluntad del pueblo, León tendría su propia autonomía desde hace veinte años. Hay escépticos que no creen que los políticos del PSOE sean sinceros en sus manifestaciones en favor de la autonomía leonesa ni que vayan a ser consecuentes con ellas. Al final, si no se consigue nada, la cúpula del PP se habrá impuesto con sus postulados inmovilistas. Ahora bien, yo, de natural optimista, confío en que las bases del PP y del PSOE, que desean que León no sea menos que Aragón, que Navarra... o que Castilla, consigan hacer valer su voluntad ante sus líderes leoneses. Lo que no tengo tan claro es si alguna vez éstos serán capaces de sobreponerse a los intereses de los aparatos de la actual autonomía y de Valladolid. De momento lo que estamos viendo es que los del PP no se atreven ni a abrir la boca. La que parece que sigue siendo su doctrina oficial se resume en tres puntos: 1. Todo está cerrado (inmovilismo) 2. Para que León tuviera autonomía habría que reformar la Constitución (falseamiento). 3. Revisar una comunidad autónoma sería como romper España (confrontación). Hubo un momento en que la Diputación de León se arrepintió de haber dado el visto bueno a la incorporación de la provincia a una comunidad autónoma conjunta con Castilla por lo que el 13 de enero de 1983 revocó aquel acuerdo del 16/04/1980 y después llegó a impugnar la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía puesto que se hizo caso omiso de su requerimiento de desvincularse del proceso conjunto con Castilla. La sentencia TC 89/1984 desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 4/1983 de Estatuto de Autonomía de Castilla-León. Con ello León quedó dentro de la comunidad aún en contra de su voluntad. Realmente los leoneses nunca quisimos compartir ninguna institución autonómica con Castilla y los resultados de las encuestas así lo señalan. Incluso en los acuerdos de la Diputación y de los ayuntamientos que permitieron en su momento la configuración de esta autonomía funcionó el «brazo de madera», como todo el mundo sabe. Esta sentencia fue como un jarro de agua fría. Se «vendió» como la sentencia definitiva, pero... ¿no nos dice el sentido común que nada en política es definitivo y para siempre? ¿No sabemos que nada en democracia está cerrado si la voluntad del pueblo lo exige? Otra cosa es que se deba respetar el orden legal establecido. La propia sentencia del TC y que únicamente se pronunciaba sobre cuestiones de procedimiento en la creación de la actual autonomía -y la que, paradójicamente, esgrimen los inmovilistas para cerrarnos todos los accesos-, es la que nos anima a buscar caminos hacia nuestra propia autonomía, pues «la presente sentencia no puede pronunciarse sobre el problema de si la provincia de León puede o no segregarse, ahora o en el futuro, de la comunidad autónoma a la que pertenece en la actualidad, ni tampoco sobre cuál sería la vía a través de la cual podría alcanzar tal objetivo, [...] La cuestión de lo que la provincia de León pueda pretender en el futuro no guarda relación alguna con este concreto problema». Son palabras del Tribunal Constitucional. Por tanto, la autonomía leonesa es un derecho constitucional, una reivindicación legítima, una posibilidad legal, una necesidad palmaria, un asunto de interés nacional y un deseo de los leoneses. Esto último lo suponemos por todas las encuestas habidas, pero en su momento podría someterse a referéndum; la Constitución prevé esta posibilidad. Pero no nos engañemos, el camino de la Autonomía Leonesa no es tan sencillo como a veces se dice: «Debate, referéndum y acatar el resultado» o «una ley orgánica de artículo único para desvincularnos de la situación actual». En nuestro caso sería posible que las Cortes aprobasen, (vía Art. 144 c), la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de León, acompañada de referéndum o no, creando desde cero las instituciones, las competencias legislativas y ejecutivas, los recursos financieros y personales, etc. Esta sería la vía legal de ruptura con la situación actual. La otra posibilidad es asumir la situación actual como punto de partida, ser leales con la legalidad vigente y profundizar en el desarrollo institucional desde el actual Estatuto de Autonomía. Se trataría de aprovechar la posibilidad que contiene este Estatuto de trasladar todas sus competencias a otras instituciones como son las diputaciones. Por aplicación del art. 26.3, los leoneses podríamos exigir la transferencia de la totalidad de las competencias autonómicas con el correspondiente traspaso de medios personales, financieros y materiales a nuestra Diputación. Esta situación sería, de hecho, la de una verdadera autonomía de gestión y en consecuencia bien podría asumir el rango de Diputación Regional de León, como ya ha propuesto su ex presidente Agustín Turiel. En cuanto a los plazos, todo el camino de la Autonomía Leonesa se ha de recorrer en esta legislatura para no entorpecer el proyecto de reforma constitucional prometido que culminará al final de la misma. El plan consiste en confeccionar tres bloques de competencias y asumirlas a primeros de 2005, 2006 y 2007. El primer bloque de competencias que podrían llegar a la Diputación Regional de León en enero de 2005 sería lo relacionado con: Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. carreteras, agricultura y ganadería. Montes y aprovechamientos forestales. Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales. Acuicultura, caza y pesca fluvial. Ferias interiores. Artesanía. Museos, Bibliotecas y Patrimonio monumental. Cultura, turismo y deporte. El resto de las competencias, acompañadas también de los medios personales, financieros y materiales, se transferirán en los meses de enero de los siguientes años. En el 2008, ejecutando ya las competencias autonómicas, la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de León aprobada al amparo del art. 144.c) de la Constitución, que significaría también la reforma de la LO 4/1983, dotará de entidad de Comunidad Autónoma a León y de las correspondientes facultades legislativas. Podrá acompañarse o no de referéndum que, aunque no es necesario, es el talismán mágico de la reivindicación leonesa desde hace 25 años. Lo que sí tendrán abierto en ese momento los demás territorios leoneses es el derecho y la posibilidad de incorporarse a esta autonomía. Así se completará la transición hacia una Autonomía Leonesa sin rupturas ni traumas. Así España habrá llegado a las 18 autonomías, a su madurez, y podrá abordar la reforma constitucional del Título VIII con los deberes hechos. Este es el camino que propongo para la autonomía leonesa, camino que llamo «Plan Constitución» porque se basa en la aplicación de la Constitución y de las leyes que la desarrollan, incluido el Estatuto de Autonomía que nos afecta y que sólo necesita del compromiso de la clase política con el deseo mayoritario de los leoneses para que se convierta en una realidad.