Zapatero se mete en un lío, y la UPL sigue en el mismo

EL FERROCARRIL y las autopistas vuelven a estar en el centro del debate político. La proximidad de las elecciones europeas añade un punto de nerviosismo y cual quijotes estrábicos, los politicos tienden a confundir a los molinos con los rebaños. La nueva ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados la paralización del proceso de construcción de tres tramos de la línea ferroviaria de Alta Velocidad entre Asturias y León y la continuidad del régimen de peaje en la autopista asturleonesa. La tormenta ha sido la esperada. Primer asunto. Para el PSOE, la paralización parcial del proyecto de alta velocidad, que no afecta a la construcción de los túneles de Pajares, demuestra que el anterior ministro de Fomento, Álvarez Cascos, no hacía bien los deberes, que trabajaba de forma precipitada y que la fiebre por colocar primeras piedras, o cualquier otro interés, le llevaba a propiciar la tramitación chapucera de los expedientes. El PP entiende, por el contrario, que detrás de las explicaciones formalistas que se han dado, se esconde una intencionalidad política: cambiar los criterios de adjudicación de las obras y retrasar su puesta en marcha. El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Fomento, Antonio Silván, calificó de mal presagio la actitud de su homónima estatal de departamento y aventuró que los socialistas pretenden quebrar el notable impulso que Álvarez Cascos dio a la construcción de autovías y autopistas en León, después de décadas de olvido. Desde el PSOE se replica que la paralización de los tres tramos no supondrá retraso en el objetivo final, la entrada en servicio de un tren de alta velocidad que tampoco será tan rápido como los ya existentes, apenas 250 kilómetros por hora fuera de los túneles. El asunto de los peajes resulta más importante. Suspender unos meses la tramitación de un expediente carece de importancia si después se dispone de la voluntad y del dinero para recuperar el tiempo perdido. Desde luego la entrada en servicio del tren de alta velocidad entre Valladolid y Gijón, que de eso se trata, no dependerá sólo de lo que ocurra con los tramos de la polémica: La Robla-La Pola, la salida del túnel en la vertiente asturiana hasta Sotiello y desde este punto a Pola. Mayor transcendencia tiene el asunto de los peajes. El entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncio en la campaña electoral su decisión de suprimir el peaje de la autopista asturiana, que significa también la anulación de la tasa por utilizar el tramo León-Astorga. La ministra Álvarez dijo que de eso nada, que el Estado no se puede permitir el rescate de las vías de peaje porque el coste por las indemnizaciones que habría que pagar supera los 16.200 millones de euros. Esta cifra supone que el Gobierno no podría hacer nada en carreteras durante los cuatro próximos años, porque la cantidad equivale al presupuesto del Ministerio de Fomento durante dos años. Como era previsible, el anuncio ha causado una tormenta. El presidente de Asturias, Álvarez Areces, pidió el cumplimiento del compromiso electoral en una reunión con Rodríguez Zapatero en La Moncloa. ¿Y qué contestó Zapatero? Pues eso, que habrá diálogo. Mosqueante la respuesta. El diálogo en sí mismo no presupone nada. No se pueden confundir los medios con los fines. Si el fin es suprimir el peaje, podrá existir diálogo sobre el cómo. Si, según dice la ministra, los peajes no se pueden quitar, ¿para qué queremos perder el tiempo hablando? Desde el PSOE leonés se ha dicho que cabe la posibilidad de rebajar el precio de los peajes, lo cual significa que se abandona la idea de su eliminación completa. Y desde el ministerio se pone el ejemplo de Andalucia, donde el gobierno autonómico se ha comprometido a pagar una cantidad por vehículo que transite por la autopista que une Sevilla con Granada, mientras se hace una vía alternativa gratuita. Curiosa teoría económica: cuesta más liberar una autopista ya construida que realizar una nueva. En todo caso, uno no ve a la Junta de Castilla y León pagando la utilización de la autopista con Asturias mientras se mantiene vivo el peaje por el túnel de Guadarrama, que afecta a la misma comunidad autónoma por una de sus vertientes y que ofrece la misma dificultad, el Alto de los Leones, para hacer una vía alternativa en el futuro. Da la impresión de que el PSOE se ha metido en un buen lío, porque además los ciudadanos de otras partes del país, donde se pagan también elevados peajes, no van a entender la discriminación, por más que se presente como positiva y justa para algunas regiones de España. El anuncio de diálogo no va ser suficiente para que Rodríguez Zapatero pueda salir airoso del lío en el que se ha metido. Aquí hará falta algo más que nuevo talante. El sector industrial de León no gana para disgustos. A la preocupante situación de Antibióticos se ha añadido el fracaso de un proyecto que en su día se presentó como salvavidas de una comarca, Cistierna, castigada por el proceso de reconversión de la minería. La empresa ganadero-cárnica Enervisa no puede responder a las expectativas de sus propios estudios de viabilidad. Los 160 empleos se quedarán reducidos a la mitad, según el planteamiento de la compañía. Las pérdidas contabilizadas en sus tres años se existencia superan los 40 millones de euros, muy por encima de los 14 millones recibidos como subvención de la Junta. Nadie duda de la realidad de las cifras, incluso del total de la inversión realizada hasta el momento, 55 millones de euros. Los interrogantes que se plantean desde la oposición política es si el proyecto por ambicioso resultaba desde sus comienzos irrealizable y, por lo tanto, si se otorgó dinero a un sueño. La réplica parece bastante obvia. Nadie invierte 55 millones de euros para conseguir 14 de subvención sin una fe ciega en el desarrollo del proyecto. Para mitigar el efecto de la reestructuración que la dirección plantea, la Junta ha propuesto a la empresa que reconvierta la mayor parte de los despidos en suspensiones de empleo durante tres meses. Al margen de los políticos, siempre dispuesto a utilizar la demagogia en estos asuntos, los técnicos abogan por el realismo: acomodar la dimensión de la empresa a la realidad del mercado como mejor garantía de supervivencia, al menos de una parte del proyecto. Salvar lo que se pueda y no arriesgar la última parte por el todo. No es posible concluir esta visión retrospectiva de la semana sin aludir, una vez más, a la UPL. La división gana en profundidad. Los concejales del Ayuntamiento de León ya no ocultan sus diferencias. Se califican de cobardes y se confiesan decepcionados entre compañeros. Qué deparará todo esto. ¿Cabe una quiebra total que lleve a dos concejales, al menos, a pactar un nuevo gobierno con el PP? Los populares seguramente no esperan tanto. Bastaría que el grupo leonesista se fraccionara para que el alcalde tenga serios problemas de gobernación. Una hipotética dimisión de Fernández, llevaría a la Alcaldía al candidato de la lista más votada en las elecciones municipales, el PP en la persona de Mario Amilivia. Un gobierno también desde la precariedad que, en opinión de algunos, permitiría a la UPL recuperar ante la sociedad la imagen de abanderado de los intereses de León. El asunto es complejo y seguramente muchos políticos realizan el análisis más desde el deseo personal que desde la realidad. Pero resulta evidente que las fichas se están moviendo en el tablero municipal de León con mayor celeridad y contundencia de la esperada.