En defensa de la gestión pública del agua

ANTES de imponer, vía presupuesto, la privatización -o semiprivatización- del Servicio de Aguas, el equipo de gobierno debería haber realizado, por medio de una auditoria independiente, un estudio solvente y riguroso que fundamentase la decisión a tomar y que una vez facilitado a los agentes sociales interesados -asociaciones de vecinos, sindicatos, empresarios, sectores profesionales y universitarios, ecologistas, etcétera- sirviera para la apertura de un debate público, de manera que la decisión finalmente adoptada tuviera un amplio respaldo social. Nada de esto ha ocurrido en León donde incluso, los responsables municipales se han negado, reiteradamente, al dialogo solicitado por los sectores críticos que integran la Plataforma Ciudadana del Agua. Esta actitud evidencia el auténtico talante del equipo de gobierno municipal. Cualquier cambio en la administración de un bien común y un derecho básico como el agua tiene que obedecer a la mejora real del servicio, no a la obtención de financiación con la que enjugar el déficit municipal, mediante el cobro de los cánones inicial y anual que pague la empresa privada. Esta política es insostenible, pues a medio plazo no quedará nada que vender o privatizar. Y que nadie se engañe, la creación de una empresa mixta es una privatización encubierta: informes del Observatorio de los Servicios Públicos de la Universidad Complutense de Madrid constatan que el reparto accionarial 49/51 -el mismo que curiosamente viene dándose en distintas ciudades con la misma proporción- no altera la situación de total control en la toma de decisiones y en la gestión y producción del servicio por parte de la empresa privada, -que para eso paga-. Argumentos como la existencia de fugas o la necesidad de incorporar tecnología punta no justifican por si mismos la cesión de la explotación al sector privado, menos en el caso de León donde, incomprensiblemente, sólo se privatizará la distribución de agua potable, manteniéndose pública la gestión de las aguas residuales. ¿Por qué no se incluye el saneamiento en la concesión?. ¿Acaso no es mas urgente eli minar las fugas de la red de alcantarillado que contaminan nuestras aguas subterráneas y nuestros ríos? -estas redes, según datos del propio Ayuntamiento, son muy deficientes-. Por otra parte si el Servicio de Aguas tiene un superávit que ronda los 4,7 millones de euros, ¿por qué no se utiliza de inmediato ese dinero para tapar las fugas y realizar las inversiones necesarias para mejorar la prestación del servicio? Otra aclaración sobre el «cuento» de las fugas: sabiendo que un 20% se consideran naturales por inevitables y puesto que dicen estar facturando un 50% del agua consumida, sería muy interesante conocer que porcentaje, del 30% a recuperar, se debe al agua utilizada en servicios básicos municipales, -algunos ya privatizados como la limpieza de calles-, el riego de jardines, las fuentes públicas,...; y al agua consumida en edificios y dependencias municipales -piscinas, instalaciones deportivas, colegios, guarderías, servicios sociales,... y a la propia sede de Ordoño II-. Todos estos caudales no pueden cuantificarse como fugas derivadas del mal funcionamiento del servicio, porque sencillamente hasta ahora el Ayuntamiento no ha querido instalar los correspondientes contadores. Si alguien tiene alguna duda sobre las futuras tarifas, piense que el precio de la concesión, el canon anual y el beneficio empresarial saldrán del recibo del agua, el impuesto menos progresivo, pues pagan más los domicilios mas numerosos y se resienten más de las subidas los mas pobres. La plataforma ciudadana del agua de León entiende el agua como vida y rechaza su mercantilización. El servicio del Agua atiende necesidades básicas de la población que no deben someterse a las reglas del mercado, ni pueden, ya que el agua es un monopolio natural: su distribución, inevitablemente monopolística, anula las posibles ventajas derivadas de la libre competencia, los consumidores no tienen alternativa; por esta razón el control de las administraciones públicas se hace imprescindible para evitar abusos y casos de corrupción. Sin embargo el Estado español carece de instituciones reguladoras que establezcan mecanismos de vigilancia y control sobre las concesiones a las empresas privadas del agua. El equipo de gobierno amenaza con una concesión por 25 años, prorrogables por otros tantos en períodos de cinco años, concesiones a tan largo plazo hipotecan la capacidad de decisión de futuras generaciones y de futuras corporaciones municipales. Podemos opinar cada cuatro años y cambiar a los que gobiernan, paradójicamente, viviendo en un mundo cada vez más cambiante, no podremos decidir sobre un tema vital como el agua durante, al menos 25 años, a pesar de que su gestión no resulte satisfactoria. El actual servicio de aguas es una conquista social conseguida con el esfuerzo común de varias generaciones de leoneses; su buen funcionamiento es responsabilidad directa de nuestros gobernantes a los que elegimos para que asuman esa responsabilidad no para que deleguen en terceras personas. No parecen entenderlo así los políticos locales del PSOE que en un alarde de contradicción e hipocresía optan por la gestión privada del agua cuando ejercen el poder -León, Bembibre, Huesca, etcétera- y lideran las plataformas en defensa de este servicio público cuando están en la oposición -San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Valladolid, Salamanca, etcéterea-. Resulta obligado llamar la atención sobre la crisis ecológica que vive el planeta y que, lo queramos o no, hará cada vez mas impredecibles los riesgos por contaminación . Los mecanismos de transparencia, control y regulación, así como el compromiso y la participación ciudadana, -inexistente en la gestión privada-, se harán imprescindibles para administrar con equidad los periodos de escasez y las situaciones límite. Asimismo la planificación de inversiones, que cubran los riesgos medioambientales, sociales y económicos, requerirá que todos los beneficios del agua se reinviertan en racionalizar los abastecimientos en función del ahorro -reducción de la demanda- y del mantenimiento de la calidad del agua, no en función de la obtención de beneficios económicos privados. Finalmente señalar que el negocio del Agua está dominado por cuatro o cinco multinacionales que controlan el 90% de la facturación mundial. En España Aguas de Barcelona (Agbar) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se llevan el 80%. La oposición de las poblaciones frente a los abusos de las multinacionales tiene ya un largo historial -Bolivia, Grenoble, Barcelona...-. A pesar de que la distribución del agua en el mundo es cada vez mas injusta también son cada vez mas las entidades y las personas que están construyendo una red solidaria para que las cosas puedan cambiar y se haga realidad lo que ahora, por desgracia, es sólo una declaración: «El agua es patrimonio común de la humanidad».