Al césar, lo del césar

JUAN PABLO II recriminó con inusitada dureza al Gobierno español. La Santa Sede tiene perfecto derecho a expresar sus opiniones, pero sigue siendo muy difícil de entender que, tras haber aceptado el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado, aquélla continúe pretendiendo pertinazmente que la legislación general de un país democrático haya de ajustarse a sus criterios, perfectamente respetables pero que sólo conciernen a los fieles que voluntariamente aceptan su autoridad.