Poder judicial con jota

CINCO instituciones se han pronunciado sobre el anteproyecto de Ley contra la violencia sobre las mujeres: la Fiscalía del Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo Escolar, el Consejo de Estado y el Consejo del Poder Judicial. Los cuatro primeros han formulado objeciones, pero no han descalificado el anteproyecto. El órgano de gobierno de los jueces, en cambio, lo considera inconstitucional, le dedica los peores calificativos y lo atribuye a la falta de cultura jurídica del gabinete Zapatero. Visto desde el Partido Socialista, se podría decir que, en este caso, el Consejo del Poder Judicial ha hecho honor a la errata con que su nombre apareció por primera vez en el BOE: por un error que hubo que subsanar al día siguiente, se le llamaba «Consejo General del Joder Judicial», con jota. Efectivamente, parece que su pretensión es fastidiar bien al Gobierno, incluso en la dureza de las palabras. Algunos observadores ven en los términos del informe una coincidencia con las posiciones del PP. Otros llegan a la conclusión de que sus expresiones sustituyen el silencio de los últimos días del partido de Mariano Rajoy. No es ninguna novedad. El Consejo siempre ha votado de acuerdo con la ideología de sus vocales. Lo hace siempre, para escándalo de quienes creemos todavía en el principio de imparcialidad de los jueces. Como ahora toca mayoría conservadora en el CGPJ, la tesis conservadora ha sido la que más votos obtuvo, aunque sea sólo uno. Si hace días anotábamos que el PP está usando todos los recursos de su poder para hacer oposición, y no tiene inconveniente en usar las autonomías, ahora lo confirmamos un poco más: llega a utilizar incluso las terminales judiciales. O así lo parece. Digo esto, porque las objeciones al proyecto de ley podrían ser razonables. Hay mucha gente que piensa también que la discriminación, aunque sea positiva, no debe adquirir rango de ley. Pero eso se podría decir en un tono amable, con terminología estrictamente jurídica, y no se hace. Al revés: como dijo el vocal Juan Carlos Campo, se utilizan «términos tendenciosos» y llegan a plantear la duda de si realmente es factible una ley para defender a la mujer maltratada. Si esto les parece poco, anoten la doctrina que vierten: «el cometido del juez no es resolver problemas sociales». Pues bien, ministro Caldera: tómeles usted la palabra, y dígales que está de acuerdo; que el cometido de un juez es aplicar las leyes. Lo que ocurre es que hay muchos que parecen más interesados en hacerlas. Y en hacerlas a su gusto personal.