Estilo Perry Mason

EN LA comisión parlamentaria sobre el 11-M ha empezado a desarrollarse un juicio sobre verdades y mentiras. Los comisionados populares intentan demostrar que el Gobierno del PP no mintió en sus informaciones sobre los atentados, mientras que otras fuerzas políticas, y el PSOE especialmente, pretenden subrayar la distancia que habría mediado entre las afirmaciones rotundas del ex ministro Acebes y la realidad terrorista. Cuando se producen fuertes conmociones sociales, y la del 11-M alcanzó una dimensión de seísmo, suele ofrecer la ciudadanía un atisbo providencial. Poco tiempo después de los atentados, Luis Garrudo, portero de un inmueble cercano a la estación de Alcalá de Henares, alertó a la policía sobre la furgoneta que habían abandonado los supuestos terroristas. Alguien se ha preguntado la razón por la cual este hombre, que señaló las primeras huellas dejadas por los autores de la matanza humana, ha sido el primer compareciente. También cabe hacerse la pregunta de cuánto tiempo hubiera tardado la investigación policial en olfatear la pista verdadera si Luis Garrudo no la hubiera señalado desde el primer momento. Las respuestas del portero Garrudo a las preguntas de los comisionados parecían señalar inexactitudes llamativas en las informaciones de Acebes. Este testigo presencial, quien llegó a ver los rostros semicubiertos de los terroristas, aseguró que entre las doce y media y la una del día de autos, los policías que lo custodiaban como a un valor testimonial de altísima calidad ya sabían de la existencia en la furgoneta de los detonadores y de la casete. El entonces ministro de Interior parecía situado en mal lugar. Tres horas después, cuando compareció el comisario jefe de Alcalá de Henares, Eduardo Blanco, el señor Acebes pudo respirar más tranquilo. Blanco aseguró que sólo a las siete de la tarde, y gracias a una llamada del jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid, se había enterado del hallazgo de los detonadores y la cinta del Corán en la furgoneta, que previamente había sido sellada en Alcalá y enviada a los servicios policiales del barrio de Canillas. Garrudo afirmó que había presenciado cómo, ante él, se abría con una palanqueta la puerta trasera del vehículo, y los policías hablaban de los detonadores, la cinta y la autoría del terrorismo islámico. Entre Garrudo y Blanco, compareció la directora del Instituto Anatómico Forense, Carmen Baladíez, que negó, apoyándose en datos científicos, que hubiera entre los cadáveres el de un terrorista suicida. Y entonces surgió Perry Mason, corporeizado en varios diputados, y hasta en el circunspecto socialista Álvaro Cuesta, quien preguntó a Baladíez: «¿Se podría afirmar con rotundidad a las 15,30 del 11 de marzo la no existencia de restos de una terrorista suicida?». Y la respuesta fue clara: «A esa hora todavía no habíamos terminado los médicos forenses las autopsias», que no finalizaron hasta la madrugada del día siguiente. Acebes había negado, a las 15.30 del día 11 el menor indicio de un suicida. Ha terminado el primer capítulo de un asunto que va enmarañarse en la política.