Los papeles de Aznar

LOS DOCUMENTOS secretos que, según propia confesión, obran en poder del ciudadano José María Aznar, nunca le fueron remitidos a él por los Servicios de Inteligencia, sino al presidente del Gobierno de la nación, de modo que por mucho que el tal ciudadano no haya asumido aún que los electores le retiraron su confianza, a él y a su candidato, en los pasados comicios, es decir, que no ostenta ya el alto cargo que desempeñó durante ocho años y ahora es un particular como cualquier otro, la posesión por su parte de los citados documentos, de la que alardeó hace unos días en un país extranjero, pudiera ser considerada como delictiva. La Justicia, a tenor de las pesquisas que ordene y de las propias declaraciones en su descargo del ex presidente, habrá de actuar en consecuencia, pero existe un territorio aledaño al de la ley, el de la decencia política, afectado también por la contumaz actitud de ese ciudadano: si sacar de la Moncloa, junto a la mudanza de los efectos personales, documentos que no son suyos y están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales es condenable, ¿cuánto más no lo sería si, como en amplios sectores se sospecha, el contenido de esos documentos está siendo filtrado a la prensa para influir en la Comisión que investiga los sucesos del 11-M? Si esos informes secretos que comprometen la seguridad nacional están en su poder, que los devuelva inmediatamente, pero, aun en ese caso, no estaría de más que se pase después por el Congreso para explicar qué demonios hacían en sus manos. Aznar, que ninguneó al CNI cuando más necesario era su concurso activo, esto es, entre el 11 y el 16 de marzo, va por esos mundos, por Colombia en este caso, usando particularmente de ellos como no supo o no quiso cuando su responsabilidad política e institucional lo requería.