Ministros en León

MÁS DE UN MILLÓN de pesetas por habitante. Ese es el promedio de la inversión comprometida por el Gobierno en la provincia con el fin de «cambiar su destino». El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes en León iniciativas por importe superior a los 3.000 millones de euros, más de medio billón de pesetas. De esta forma, José Luis Rodríguez Zapatero cumplía su compromiso electoral de impulsar un plan de choque que permita a la zona Noroeste de España, sobre todo a León, Salamanca y Zamora, salir del declive en el que se encuentra. En los diez últimos años, las tres provincias han perdido 70.000 habitantes y la tendencia sólo podrá ser quebrada con iniciativas que impulsen la creación de empleo. El Plan Noroeste aprobado por el Gobierno, con plazos y consignación presupuestaria en muchos de sus apartados, contempla actuaciones puntuales en varios frentes: desarrollo del AVE (con llegada a León en el año 2008), mejora de las infraestructuras por carretera (ampliación de la Ruta de la Plata, terminación de las rondas de la capital y la conclusión de la autovía a Valladolid), rehabilitación de los canales del Órbigo y del Páramo), viviendas sociales, el Palacio de Exposiciones en los terrenos de la fábrica Santa Elvira, iniciativas para el desarrollo del turismo y un largo etcétera detallado en este periódico. Pero además de las infraestructuras, que mejoran las condiciones para la hipotética atracción de empresas, se configuran también dos centros estatales como embriones de nuevos empleos. Esta circunstancia es importante, porque su construcción sólo depende de la voluntad del Gobierno, al contar únicamente con aportación de dinero público. Nos referimos al Laboratorio de Tecnología Avanzada de Combustibles Sólidos, que se levantará en Ponferrada, con una inversión de seis millones de euros. La iniciativa supone directamente una apuesta por el carbón como fuente de energía, para lo que se pretende alcanzar el liderazgo europeo en la investigación medioambiental en esta materia. A partir de este proyecto, el Gobierno busca la implicación de las empresas eléctricas con intereses en la zona, como son Endesa y Unión Fenosa. Menos definición existe todavía en torno al Instituto Nacional de las Comunicaciones, que se configura como centro estatal de referencia en el sector, con una inversión de 15 millones de euros. Aquí Zapatero poco pudo adelantar, si bien el Gobierno tomó la decisión de constituir una comisión de los tres ministerios afectados por la medida con el fin de tener elaborado el proyecto antes de finalizar el año. Por si queda alguna duda al respecto, Zapatero precisó que esa comisión la presidirá personalmente. Zapatero justificó la «discriminación positiva» que suponen las medidas adoptadas por el Gobierno con respecto al Noroeste de España, en el retraso secular de esta zona del país. La apuesta, que definió como un «cambió de destino» de la provincia de León, la justificó en la necesidad de equilibrar el desarrollo de España, como fórmula de cohesión interterritorial. Madrid ya no tendrá el monopolio en la instalación de centros de carácter estatal, por entender que el Estado se fortalece precisamente con la diversificación territorial. De esta forma justificaba también la reciente concesión a Maragall. Aspecto también importante de esta apuesta es el entendimiento existente entre José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Vicente Herrera. Los acuerdos adoptados el pasado viernes explican la satisfacción con la que el presidente de la Junta de Castilla y León abandonaba el Palacio de la Moncloa dos semanas antes, conocedor de este paquete de medidas que seguramente por la lógica cortesía no quiso adelantar. Rodríguez Zapatero en reiteradas ocasiones hizo referencia en la rueda de prensa a la colaboración y diálogo que ha existido con la Junta en muchas de las iniciativas que se pretenden poner en marcha. El silencio de Herrera, que no quiso hacer declaraciones a los periodistas antes de la comida que compartió con el presidente del Gobierno y los ministros, es prueba evidente del nivel de colaboración alcanzado, por más que el portavoz del gobierno regional se viera obligado, en un ejercicio innecesario de partido, a restar importancia a lo que todos aplauden. No podemos ser cicateros en el aplauso de la misma forma que nadie puede ser condescendiente con el incumplimiento, si éste se produjera. De lo contrario, alguien podría pensar que la mayor aspiración personal del político es la del fracaso, al menos para no tener que desmentirse de la crítica apresurada. En una línea de mayor acritud se pronunció el presidente de la UPL, Joaquín Otero, para quien el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno representan un «timo». Es evidente que un partido localista tiene como única objetivo pedir inversiones para la tierra que dice defender. Pero de ahí a la descalificación global de todo lo aprobado por el Consejo de Ministros, hay un trecho. Quien se atreve a franquearlo no puede por menos que ser tildado de temerario. Eso o que aviesamente se preparen justificaciones para romper el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de León, públicamente supeditado por los leonesistas a la acción del gobierno Zapatero. Tal vez faltó la foto. Es otra posible explicación. La UPL necesita aire, necesita el protagonismo que las circunstancias le niegan. Añoran aquella firma del pacto con Arenas, también suscrito con el único fin de mantener la alcaldía, y desearían ver sentado a Zapatero en la misma silla que ocupó el entonces secretario general del PP. Pero no es lo mismo. Tampoco entonces vino Aznar. Tal vez no hubiera hecho falta tanto, pero seguramente esperaban un gesto. Seguramente todo será cuestión de negociarlo para el futuro. Habló también con claridad Zapatero sobre las veleidades regionalistas de sus compañeros de partido en León. Zapatero dijo que reconocía la diversidad de provincias (ya sabe que en total son nueve), pero matizó que eso no significa que avale cambios en el mapa autonómico. Ni siquiera se refirió de forma más específica a la «y» del medio que suma y no engulle en un todo a Castilla y León. «La estructura de la Comunidad Autónoma está consolidada y no existen elementos para lo contrario». Es decir, que todo aquello de potenciar la Diputación como institución política regional no tiene el plácet del jefe. Se acabó el debate. Ya se sospechaba que era más bien artificial y oportunista.