Apuntes para la pedagogía política

DIGA lo que diga la oposición, los acuerdos del Consejo de Ministros -que podemos considerar casi monográfico- para revitalizar un poco a las tres provincias, León-Zamora-Salamanca, que han padecido los efectos del caciquismo más profundo de la vieja Castilla, son positivos. Sin duda, Zapatero ha demostrado que tiene sensibilidad política. Por poner un ejemplo de insensibilidad: mucho ciudadanos de Benavente, no hace mucho, se manifestaron para pedir un hospital, y el consejero del ramo de la Junta, contestó «que no tocaba ahora hacer ese hospital». Y el Gobierno actual lo ha incluido entre los proyectos necesarios. Por tanto, decir que los acuerdos del Gobierno, han marginado a otras provincias de la Comunidad, es hablar sin razón, puesto que han estado marginadas durante toda la vida y durante los ocho años de Gobierno del PP, sin que Lucas, noble súbdito de Aznar, dijera ni una palabra, ni después su heredero, Herrera. Hablando de León-ciudad, merece especial atención el libro editado por el Colegio de Arquitectos, en el que se nos dice que el urbanismo de León-ciudad carece de una idea clara de conjunto (está bien decirlo, pero mejor hubiera sido que ese Colegio se hubiera opuesto a tiempo). Una vez constatado que lo hecho se desvía demasiado de un plan racional, habrá que decir quienes son los responsables; y, entre ellos, habrá políticos de corto alcance, especuladores y algunos arquitectos que completan la camarilla que lo ha decidido el diseños en cada momento. Sabido es que las actuaciones urbanísticas son irreversibles, por eso hay que pensar muy bien los acuerdos que se toman. Cuando los gobernantes y los promotores influyentes de una ciudad tienen sensibilidad, planifican bien y ganan ellos y los ciudadanos más dinero; cuando los gobernantes y los promotores influyentes carecen de sensibilidad, pues hacen barbaridades, perjudican ciudadanos y ganan menos dinero. Es lamentable que a principios del siglo XX los diseñadores del urbanismo de León tuvieran una visión más avanzada que los de los últimos veinte años y, gracias a aquellos, tengamos un centro de la ciudad, que se puede considerar aceptable y muy buena comparada con las actuaciones urbanísticas de los últimos años. Sí León-ciudad ha crecido a golpe de los intereses de codiciosos de corta perspectiva, esta práctica se extiende a los municipios que conforman el área metropolitana. (el paradigma lo marca Sariegos). Y la Junta tiene también responsabilidad directa en ello. Zapatero le pidió a su partido que sea critico con el Gobierno. Seguro que no lo será. Por eso, hubiera sido más acertado que en esa petición nos incluyera a todos los ciudadanos puesto que, para ser ciudadanos, nos interesa que nuestro Gobierno gobierne correctamente, con el fin de que cada día mejore un poco lo que nos falta, y no al contrario. Por supuesto, no es éste gobierno aún el responsable de los problemas que padecemos. Pero creo que ha llegado el momento de que los políticos que gobiernan tomen conciencia de que la situación no es para optimismos. Un país está bien gobernado cuando ofrece las condiciones a los ciudadanos para realizarse. En el preámbulo de la Constitución, entre otras cosas, se puede leer: que el Estado debe «promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida y establecer una sociedad democrática avanzada». Poco han hecho en esta dirección los gobiernos que nos preceden, más bien todo lo contrario, ni siquiera han purificado los vicios de la ley electoral, para evitar, entre otras cosas, que un partido al que vota una minoría, sea el que quita y pone Alcalde a golpe de chantaje, como viene ocurriendo en León. ¿ Qué democracia es esta que después de 25 años aún no ha corregido este disparate? En una democracia avanzada, nadie tiene que tener más poder que el que le dan los votos. Por tanto, los gobiernos no han querido que nuestra democracia se purifique ¿Corregirá Zapatero esto? No habla de ello. Ni jóvenes ni adultos ni mayores tienen porque recibir tratos especiales, un Gobierno con sensibilidad social tiene que crear las condiciones básicas para hacer posible la vida, pero no clasificar a los ciudadanos para crear diferencias, más allá de las que se incluyen en los derechos fundamentales, como es el derecho al paro o la pensión. En el artículo 14 de la constitución se puede leer: «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Ha respetado estas condiciones algún Gobierno? Como ejemplo de discriminación tenemos la medidas que la ministra de la Vivienda llama «medidas de choque para frenar el precio de la vivienda». Y para ello se le ocurre lo fácil: subvencionar con 6.000 euros a los propietarios de viviendas que las ofrezcan en alquiler y subvencionar también a los jóvenes hasta 35 años que las alquilen. La razón es que el salario no les llega y hay que ayudarles. La medida no puede ser más discriminante. ¿Qué es eso de considerar jóvenes hasta los 35 años?. Qué broma es esa: cuando somos adultos en esta España. Además: ¿Son sólo los jóvenes los qué tienen problema para pagar el alquiler? Y aquellos que se separan y tiene que dejar sus casas o los que les quita el piso el banco porque no pueden pagar la hipoteca o los mayores -padres de familia o no- que pierden el trabajo o los jubilados que les obligan a dejar el piso alquilado, ¿no tienen problemas para pagar el alquiler?. Esta medida responde al cumplimiento de una promesa electoral que hicieron para conquistar el voto joven, pero es un disparate aplicarla, por no incluir a todos los ciudadanos que tiene el mismo problema. Si hacemos un estudio, con rigor, llegaremos la conclusión de que son los jóvenes los que consiguen los nuevos contratos. Miren en las tiendas, en los bares, en los hoteles, en la administración pública, en las Universidades, en los colegios privados, a ver a quién contratan. Pues a los jóvenes. ¿Cual es el problema? Qué los Gobiernos no han hecho su trabajo y han dejado al mercado que imponga su ley. La mayoría de los jóvenes y de los mayor es que consiguen trabajo, les pagan 600 y a una minoría menos de 1.000 euros. Igual en todas partes, y los alquileres de pisos, pequeños y viejos, cuestan, en las grandes ciu dades, 800 euros. Por tanto, el problema es que los salarios no dan ni para pagar un alquiler de un piso malo, porque los gobernantes han protegido excesivamente el valor de la propiedad y desprotegido excesivamente el valor del trabajo. Es un disparate subvencionar con 6.000 euros a los que tienen pisos para alquilar, cuando la medida racional es la contraria: grabar con un impuesto a aquellas que no los alquilan, poner limite a la renta y promover la construcción rápida de pisos para alquilar. No vivimos en una país normal si un trabajador obtiene menos dinero trabajando que un propietario con un piso viejo de 50 metros en alquiler.