Para que el campo no se pare

TODOS somos conscientes de que el mayor incremento de los precios del gasóleo agrícola es debido fundamentalmente al encarecimiento del precio del crudo en el mercado internacional. Y ello como consecuencia de las diferentes crisis que se están viviendo a nivel mundial, como es la que padece Irak, debido a una guerra injusta que no termina. También sufrimos los problemas que padece la mayor petrolera rusa, que ha suspendido momentáneamente la extracción de crudo, o los sabotajes en oleoductos. O también debido a la fuerte demanda petrolífera de países asiáticos con gran expansión en su desarrollo como es el caso de China. Pero no es menos cierto que el sistema de monopolio de los grandes grupos empresariales que operan en el mercado del crudo y en su posterior distribución tienen una responsabilidad muy alta en el precio final que pagamos los consumidores. Otra parte importante del precio de gasóleo agrícola es la de los impuestos que soportan los carburantes. Solamente el impuesto especial de hidrocarburos supone 0,078 euros por litro (13 pesetas), al que hay que añadir el impuesto del IVA del 16%, lo que determina por lo tanto que no sólo paguemos IVA por el precio del producto, sino que también lo pagamos por el impuesto especial de hidrocarburos. Yo me pregunto. ¿No es paradójico esto, aunque llevemos muchos años haciéndolo? En Castilla y León siempre se ha dicho que «nuestros bienes deben servir para remediar nuestros males», y es este momento especialmente crítico para el sector agrario en el que estamos sufriendo reformas tras reformas en la mayoría de los sectores que llevan consigo una reducción de nuestros ingresos, a la vez que los incrementos son mayores en el margen de la cadena de la distribución a costa del precio que percibimos los productores, y con subidas cada vez mayores en todos los inputs: fertilizantes, semillas, maquinaria, impuestos, etcétera. Estamos convencidos de que nuestras reivindicaciones son justas cuando pedimos que se reduzca el IVA del gasóleo y que se reduzca el impuesto especial de hidrocarburos como se ha hecho en algunos países de la Unión Europea como Alemania donde se aplica el 0,040 euros/litro, Bélgica (0,018), Gran Bretaña (0,043) o Luxemburgo (0,018), mientras que el aplicado en España es del 0,078. En UPA somos conscientes que tener un gasóleo profesional como tenemos con precios inferiores al gasóleo A no es suficiente, ya que los agricultores no podemos repercutir la subida del combustible en el precio final de nuestros productos. Por eso es el Gobierno quien debe poner en marcha ayudas que compensen el mayor precio de un «input» básico e imprescindible en los costes de producción de nuestra agricultura. Estas medidas de reducción de impuestos y la compensación que se realice a través del IVA que repercutimos en nuestras ventas pueden ser medidas válidas y admitidas por Bruselas para paliar esta grave situación que atraviesa el sector agrario. Medidas de este tipo junto a otras políticas sociales, de infraestructuras, de servicios, etcétera, son en mi opinión la fórmula que los gobiernos deben utilizar para frenar la despoblación del medio rural. ¿Acaso alguien puede creerse que por constituir una comisión en las Cortes nuestros pueblos se llenarán de niños si a la vez no hay secuelas? ¿O de mujeres sin alternativas laborales ni reconocimiento a nivel social del trabajo que desempeñan? De igual modo el Gobierno tiene la obligación de evitar los abusos de posiciones dominantes en la distribución y ejercer un mayor control de la calidad del gasóleo, facilitando la posibilidad de efectuar análisis rápidos y homologados con el fin de evitar los graves problemas de averías que se producen en los motores de nuevas tecnologías. El Gobierno puede y debe tomar medidas urgentemente para que los agricultores sigamos en marcha con nuestras explotaciones. Otra cosa distinta será que falte voluntad política; si es así, entonces empujarán al principio y el sector agrario desaparecerá. Que a nadie le quepa la menor duda.