La negociación de los presupuestos

LA FÓRMULA de gobernación elegida por el Partido Socialista tras su victoria por mayoría simple el 14-M, la del gobierno monocolor en minoría sin pactos de legislatura para conseguir la estabilidad permanente, se pone a prueba muy especialmente en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante que el Parlamento tramita en cada anualidad toda vez que de ella resultan los principales desarrollos políticos del siguiente ejercicio. En primera instancia, y como es hasta cierto punto natural, el Gobierno tratará de acordar los Presupuestos con sus socios en la Generalitat, cuyos grupos parlamentarios ya votaron afirmativamente a la investidura de Rodríguez Zapatero; con los apoyos de Esquerra Republicana de Catalunya y de Izquierda Unida, el Ejecutivo conseguiría mayoría absoluta en el Congreso. Los socialistas intentarán asimismo lograr el respaldo de Coalición Canaria, y, si desean lograr la mayoría en el Senado, no tendrán más remedio que recabar la adhesión de CiU o del PNV. La ley presupuestaria podría aprobarse con la oposición de la Cámara Alta, pero es de suponer que el Gobierno intentará evitar este traspiés político. El proyecto gubernamental pretende imprimir al gasto público un mayor énfasis social, e incrementar sensiblemente las partidas destinadas a I+D, vivienda, educación y sanidad, así como a reforzar la inversión en infraestructuras. Parece evidente que las dos formaciones de izquierdas que forman con el PSC-PSOE el tripartito catalán no objetarán inconvenientes relevantes a estas tendencias, que en todo caso habrán de ajustarse a la exigencia del equilibrio presupuestario, que no está en cuestión (Llamazares se opone a tal criterio, pero su debilidad política le hará transigir con toda seguridad). Los problemas no se suscitarán, por lo tanto, en el terreno ideológico, aunque sí van a aparecer en el otro territorio sobre el que gravita el gobierno de la Generalitat: el nacionalista. En efecto, el Ejecutivo catalán ha recibido de las formaciones que lo integran el encargo de negociar específicamente con el Gobierno central dos asuntos concretos que habrán de ser considerados en la ley presupuestaria: la asunción por el Estado del déficit de la Sanidad catalana y el incremento en seis puntos de la inversión estatal en infraestructuras en la comunidad. Para justificar esta última demanda, el líder de ERC, Carod-Rovira, no ha tenido más ocurrencia que afirmar que, puesto que Cataluña va a seguir siendo solidaria con el resto del Estado, necesita los elementos para su desarrollo que le permitan estar en condiciones de seguir prestando tal contribución. El grupo socialista ya ha aclarado que sólo negociará con grupos parlamentarios (no con gobiernos autónomos) y Economía ha manifestado que el déficit de la sanidad habrá de ser tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y por lo tanto fuera del marco presupuestario. Y es evidente que Solbes no podrá aceptar la exigencia de un trato descarado de favor para Cataluña en materia de infraestructuras. De hecho, este asunto pondrá a prueba no sólo la viabilidad de los Presupuestos sino el desarrollo completo de la estabilidad gubernamental, basada en los apoyos mencionados: si ERC no toma conciencia de que su vector nacionalista ha de someterse en sus relaciones con el PSOE a las superiores obligaciones del Gobierno del Estado, los presagios de futuro se volverán tenebrosos. Y lo mismo puede decirse del PSC, que no disimula la exacerbación de su fibra catalanista. En efecto, si ERC y el PSC persistiesen en sus exigencias de conseguir para Cataluña una «discriminación positiva», y aunque se salvase el escollo de los Presupuestos del Estado, los problemas surgirían después, cuando se aborden los distintos aspectos de la reforma institucional proyectada, que habrán de pilotar de común acuerdo PSOE y PP. Sólo será posible revisar con éxito los Estatutos de autonomía y el sistema de financiación autonómica si todos los actores implicados en el proceso aceptan que la búsqueda de mayor eficacia y racionalidad políticas y la implementación más audaz del principio de subsidiaridad no pueden saldarse con ventajas para algunas comunidades y con agravios para otras. Es muy probable que al final el realismo se imponga, que los Presupuestos salgan adelante, que ERC se repliegue en el posibilismo que es su vía de acceso a la plena respetabilidad, pero las declaraciones estridentes, las exigencias insolidarias y las manifestaciones chirriantes engendran una lógica inquietud en la opinión pública, que sin duda es consciente de lo delicado del proceso institucional en que vamos a embarcarnos. La no existencia de una mayoría absoluta es oxigenante porque fomenta los diálogos y los pactos y da visibilidad a un estimulante pluralismo, pero la situación actual ha de administrarse con flexibilidad y sentido del Estado, precisamente para no dar la razón a quienes todavía creen que los gobiernos sólo pueden defender el interés general cuando no han de rendir cuentas de sus actos al legislativo.