Justicia y dignidad

CON RELATIVA frecuencia hemos asistido en estos últimos meses a un amplio debate sobre la recuperación de la memoria histórica de todos los fusilados y desaparecidos en la guerra civil y a los represaliados del régimen franquista. El pasado 9 de septiembre, saltaba de nuevo, en todas las agencias, el «boom» con la noticia de que el gobierno aprobaría en el Consejo de Ministros del día siguiente un decreto ley creando una comisión interministerial -presidida por la vicepresidenta del gobierno- que se encargará de elaborar un anteproyecto de ley para rehabilitar moral y jurídicamente a todos los que sufrieron la represión en la guerra civil y el franquismo. Todo esto viene de atrás, pues en varias ocasiones se reclamó al anterior gobierno del Partido Popular la creación de esta comisión y en ningún momento dio muestras de querer hacerlo, ignorando toda propuesta encaminada en este sentido. Durante el período del gobierno del Partido Popular, heredero de alguna forma del régimen franquista (ahí está Manuel Fraga, por ejemplo, que si nada lo impide se presentará de nuevo a las elecciones gallegas), solamente se condenó en el Congreso de los Diputados el golpe de Estado de 1936 y se instó al gobierno a ayudar a todas las personas que quieran exhumar los restos de sus familiares paseados en fosas comunes. Hace unos meses, el Congreso aprobaba una proposición del PSOE, aglutinando apoyos de BNG, IU, PNV y EA, donde se pedía que se actualizara el reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y el franquismo. La propuesta se basa, entre otras cosas, en realizar un «tributo de reconocimiento y justicia», ampliando el período de las ayudas económicas a percibir en una única ocasión a hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, año de la amnistía general. Se matiza, por si acaso, que todo esto no supone necesariamente el reconocimiento de pensiones. No se trata de eso precisamente, creo, lo que buscan los familiares y descendientes de los paseados y desaparecidos en la guerra civil española y los represaliados por el régimen que posteriormente existió en este país durante cuarenta años. Lo que esas personas buscan, muchas de ellas con más de ochenta años, es que de una vez por todas se reconozca lo que sufrieron sus familiares -e incluso ellas mismas- durante tantos años, tanto en el país como en el exilio, pues no fueron pocas las que se exiliaron. Desde hace varios años, se vienen exhumando multitud de fosas comunes en varios puntos de la geografía española por parte de diversas asociaciones y grupos de personas que pretenden dar un entierro digno a sus familiares, después de que estos lleven casi setenta años enterrados en una mísera cuneta. Para nada se quiere desenterrar el hacha de guerra ni cobrar nada, pues hay cosas terribles, sufrimientos, penurias, desapariciones, muertes, que nada ni nadie pueden pagar. Y mucho menos una ridícula pensión. Numerosos colectivos han criticado durante estos años las actividades desarrolladas por las asociaciones para recuperar, tanto los restos mortales como la memoria de todos aquellos que fueron asesinados por defender unas ideas y un régimen mucho más legítimo que el que luego rigió los destinos del país durante cuatro décadas. Estas críticas son ciertamente repugnantes, y mucho más lo son los motivos que quienes las emprenden dan para justificarlas. La recuperación de la memoria histórica supone, desde mi punto de vista, hacer las cosas de otra forma a como las pretende hacer el gobierno en breve. El ejecutivo cumpliría un deber y una obligación, a la par que un acto de justicia, creando un nuevo organismo dependiente de él mismo que se encargara de investigar qué sucedió con cada uno de los paseados y represaliados para, posteriormente, localizar y exhumar sus restos de la fosa en que se encuentren, siempre que la familia lo desee. En mi opinión, debería abrirse una investigación por zonas concretas (municipios, comarcas, distritos judiciales, provincias...), contando con la colaboración de los escasos supervivientes de aquellos sucesos, relatando sus vivencias de aquellos tiempos, y de los investigadores. Estos son quienes pueden aportar documentos y datos que, sin duda alguna, resultarán de gran valor para que se efectúe correctamente el trabajo de esa forma. A partir de ahí, habrá que recuperar testimonios orales, documentales y gráficos, reconstruir en la medida de lo posible los hechos y, en caso de que se pueda, exhumar los restos de todas aquellas personas. La tarea es ardua y complicada, el camino que queda por andar es todo, pues lo que se ha hecho hasta ahora son meras pinceladas. Se han abierto muchas fosas en los últimos años, pero su número es claramente ridículo al lado de las que existen en todo el país. Hombres sin nombre, muchas veces también sin destino. Hombres que lucharon y murieron defendiendo unos ideales, la justicia, la democracia. También la libertad. Unamuno dijo una vez que sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Los paseados y represaliados entre 1936 y 1977 no fueron libres, sino más bien víctimas de injusticias y malos quereres. A ellos no les vamos a dar ya nada , pues casi todos murieron hace ya más de medio siglo. Merecería la pena, de todos modos, hacer justicia, darles la dignidad que nunca perdieron a las víctimas y a sus familias, que sufrieron muchísimo . Eso no se soluciona ni con pensiones ni con comisiones interministeriales, algo que no siempre ve cumplidos sus verdaderos objetivos, aunque en este caso no se cuáles han sido las metas que se ha marcado el gobierno. Eso se hace dejando las siglas políticas a un lado, evitando debates sobre quién o cómo debería hacerlo, y con la voluntad de hacer justicia de una vez. Estoy seguro de que la semana que viene ya será demasiado tarde.