Diario de León
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FEDERICO ABASCAL
León

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EL EMPAREJAMIENTO humano siempre ha sido más estable que el simple apareamiento, y tanto en la sociedades avanzadas como en algunas primitivas se le ha considerado el fundamento de la familia, la célula económica más firme o, desde una perspectiva confesional, la estampilla litúrgica que orienta la procreación de la especie. En España y otros países de enraizada tradición católica, el matrimonio religioso adquiere categoría de sacramento, pero con la peculiaridad de que el sacerdote no es quien lo ministra sino quien lo testifica y promulga; los ministros son los contrayentes. De ahí que los tribunales eclesiásticos no anulen los matrimonios bajo su responsabilidad, pues dictan sus sentencias disolutorias remitiéndose a la veracidad, más o menos probada, de lo aducido por las partes. Durante mucho tiempo, amplios sectores de la sociedad española y la Iglesia se han opuesto tanto al matrimonio civil como al divorcio desde razonamientos confesionales. Ello produjo lógicas tensiones políticas cuando el sector más progresista de la UCD, dirigido por el fallecido Fernández Ordóñez, venció en aquel partido las resistencias democristianas y logró que el Parlamento aprobase una ley del divorcio en 1981. Y el viernes dio luz verde el nuevo Gobierno socialista a un anteproyecto de reforma de esa ley que la aligera notablemente, hasta el punto de que ya se hable del divorcio «express». Pocas reservas sociales inspira el anteproyecto, si se exceptúa la custodia compartida de los hijos, asunto obviamente delicado. Al suprimirse el período de separación previo al procedimiento de divorcio, el asunto gana en rapidez, y al desaparecer la declaración de culpabilidad de uno de los cónyuges, el asunto pierde acritud y deja de primar la inocencia aparente. El problema, como siempre en estos casos, son los hijos. Y el anteproyecto abre la posibilidad de una custodia compartida, en compartido ejercicio de la patria potestad entre el ex marido y la ex mujer. Pero este tipo de custodia, según el ministro de Justicia, ni es obligado, ni va contra una de las partes, ni mucho menos contra los menores; es una posibilidad que, a veces, contemplaban y decidían los jueces, pero de forma alegal por falta de regulación. A las Asociaciones de Mujeres e, incluso, al Defensor del Menor de Madrid no les ha gustado esa vía de custodia compartida que abre el anteproyecto, pero los padres separados muestran gran satisfacción, al sentirse a menudo radicalmente separados de sus hijos. Lo que indudablemente va a conseguir esta reforma es que disminuyan o desparezcan las presiones de un cónyuge al otro utilizando a los hijos como objeto de mutuo mercadeo.

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