A Juan Martínez Majo y Mariano Fernández Pérez

ESTE artículo no es fruto de ningún ánimo de revancha aunque, a estas alturas, podrá comprender el lector que tampoco me importa demasiado que alguien saque la conclusión de que mi escrito tiene ese carácter. Escribo para denunciar públicamente un problema gravísimo que si no se soluciona de forma satisfactoria pondría en entredicho el respeto que nuestros gobernantes municipales tienen a las leyes y normas de convivencia democrática. Solamente quedaría en pie para ellos la ley del más fuerte o, dicho con palabras más duras, la ley de la selva. Hace unos ocho años, cuando el que esto escribe acababa de pasar de la alcaldía de esta ciudad a la oposición municipal, se celebró una especie de juicio público en el que fui juzgado por los gobernantes de nuestro Ayuntamiento comandados por los destinatarios de este escrito. Éstos dieron como probado que el alcalde anterior, es decir yo mismo, había regalado unos metros de terreno municipal a un particular por haber invadido éste, al construir la valla de su vivienda, una parte de su terreno que estaba destinada a ser cedida para vía pública. De nada sirvió la explicación que se dio de que se trataba simplemente de un error del servicio técnico municipal que había seguido la línea marcada por la norma del Gobierno regional en lugar de la ordenanza municipal que era más restrictiva. El juicio público se celebró y el que suscribe fue condenado por su presunto delito. Menos mal que la condena solamente fue simbólica por mucho que los improvisados juzgantes intentasen llegar más lejos. Al final quedó claro que no tenían posibilidades ni argumentos para conseguir lo que pretendían. Al poco tiempo del episodio que acabo de recordar, se produjeron sucesivamente otros dos errores que tenían mucha semejanza con el primero. La nueva valla construida en la misma finca, ya con todos los permisos de la nueva Corporación que tan bien iba a hacer las cosas, hubo de ser derribada dos veces más aunque de forma mucho menos espectacular por no decir de manera clandestina. Se trataba esta vez, dijo pomposamente el alcalde, de errores técnicos y no políticos como el que se había cometido durante mi mandato municipal. Pero lo que era completamente imprevisible es que unos años más tarde (en concreto este verano) iba a suceder un episodio que hubiera llenado de sonrojo a esos mismos responsables municipales si fuesen mínimamente capaces de sonrojarse y les hubiera llevado a pedir las más sinceras disculpas a quienes tan duramente me ofendieron. Tan claro es el tema que todavía espero, no sé si ingenuamente, que esta petición de disculpas se produzca alguna vez. En cualquier caso no voy a actuar como ellos lo hicieron aunque tenga más motivo para hacerlo que el que ellos tuvieron. No voy a acusar a los responsables municipales a los que me dirijo de haber regalado nada a nadie ni de haber vendido bajo cuerda una calle de nuestro municipio, como tampoco lo hice con motivo de los dos errores aludidos. Seguramente se ha tratado de un nuevo error, eso sí mucho más imperdonable que los anteriores como se desprende de las circunstancias que voy a narrar sucintamente. El hecho probado es que un particular ha invadido una importante extensión de vía pública (y no de terreno propio que debía ser cedido como ocurrió antaño) para ampliar sus instalaciones industriales. Y a la prueba de este hecho puede acceder cualquier vecino de Valencia de Don Juan o cualquier visitante comparando unas obras que se están realizando en el Polígono Industrial El Tesoro con el plano del mismo que se encuentra a su entrada en él. En el panel de la entrada hay dibujadas tres rotondas completas y en la realidad una de ellas ha desaparecido por completo. Quede claro que no tengo ningún deseo de enfrentarme con la propiedad de la empresa que hasta ha podido tener motivos en qué basarse para hacer lo que ha hecho. De intentar este enfrentamiento ya se encargarán quienes han hecho de este tipo de maniobras su norma de actuación. Ni tampoco voy a discutir qué derechos tiene esa empresa en base a los innegables beneficios que ha reportado a nuestro municipio. Los particulares no tenemos por qué entrar en ese tipo de polémicas ya que son precisamente nuestros representantes municipales los que deben defender nuestros intereses de acuerdo con la ley. Es claro que en este caso, y hasta este momento, estos representantes o no han sabido o no han querido o no se han atrevido a evitar este grave problema. Quizás lo que ha ocurrido es que no se enterasen a tiempo, algo difícil de creer dadas las circunstancias familiares de algún miembro del equipo de gobierno. Sea como sea, los ciudadanos podemos y debemos exigir de las autoridades competentes la defensa de nuestros intereses que en este caso son dos: en primer lugar los puestos de trabajo que la industria en cuestión genera y que el Ayuntamiento ha contribuido a crear y en segundo término la protección de nuestras vías públicas que son de todos y no pueden ser invadidas impunemente por nadie si no es de acuerdo con unas normas válidas para todos. Y si no son capaces de cumplir con esa responsabilidad, o no saben o no se atreven, tendríamos que dar la razón a los que se sienten avergonzados de estar representado por estos responsables municipales y en particular por este alcalde. Y nadie deberá extrañarse de que algunos ciudadanos intenten por todos los medios a su alcance evitar, si es posible, tamaña dejación y tamaño desatino. Aunque choquen de lleno con el muro a veces infranqueable del poder económico y del poder político, nadie les va a callar cuando digan a gritos que ellos tienen el poder de la razón y de la justicia.