Ahora, a por la Justicia

OTRA VEZ. Otra vez los políticos se han puesto a jugar al tres en raya con la Justicia. Cuando un partido llega al gobierno, su principal preocupación es ocupar espacios de poder. Dado que los ciudadanos le han dado su confianza, entiende que le encomiendan administrarlo todo: puestos administrativos, empresas e instituciones. De esa forma, las acciones de relevo se prolongan durante meses. Ahora mismo, aunque han pasado seis meses desde las elecciones generales, todavía está sin cerrar el cambio de presidentes de empresas públicas. Y la Justicia. El Partido Socialista y sus aliados han descubierto que el Partido Popular manda más que ellos en los Tribunales. Les parece contrario a los designios de las urnas de marzo. Por tanto, hay que cambiar. Y, si no se puede cambiar esa realidad, se cambia la ley. Aunque sea una Ley Orgánica. Ese es el sentido de la proposición que se aprobó el miércoles en el Congreso. Sólo votó en contra, naturalmente, el Partido Popular. El Gobierno Zapatero, que no se siente obligado a aceptar la recomendación de los grupos sobre Izar, sí estará encantado de cumplir este mandato sobre la designación de cargos judiciales. Les corre prisa terminar con el presunto dominio del PP. Es un resto de aznarismo que hay que barrer. Conste que la idea es buena: se trata de exigir un consenso amplio, más amplio que la mayoría simple del Consejo del Poder Judicial, para esos nombramientos. Eso terminaría con el dominio de un solo sector. Lo que molesta es la urgencia y la intención. En un país donde los juzgados sufren penuria de medios, lo que más preocupa al poder no es resolverlo, sino que los cargos sean decididos por otros. Es la comprobación práctica de que la Justicia, por mucho que lo pregone la Constitución, no es independiente. Y lo más grave: los partidos no la dejan ser independiente. Gaspar Llamazares, por ejemplo, lamenta que sólo uno de cada cuatro nombramientos del Poder Judicial proviene del «sector progresista». El resto deben ser antiguallas conservadoras. Este cronista aplaude que se exija una mayoría cualificada. Pero con una condición: que termine este juego. Que termine de una vez. Un magistrado del Supremo o un presidente de un Tribunal Superior no es un cargo de confianza del señor Rajoy, del señor Zapatero o de sus ministros. No puede tomar decisiones de estómago agradecido a ningún gobierno y, mucho menos, a ningún partido. Y no puede tener una línea de dependencia de una agrupación ideológica. Si la tiene, acaba ocurriendo lo que tantas veces hemos visto: que actúan con sentido partidista, votan como se vota en las Cortes, y la fidelidad al designador pesa más en sus decisiones que la imparcialidad de la ley.