Exigir responsabilidades

ESTOY ante el ordenador y me llama el comisario jefe de Policía, Ángel Miñambres. Me da la buena nueva: Ha sido detenido en Gerona, a las 18,30 horas, minuto arriba o abajo, el presunto asesino de las dos policías leonesas, Silvia Nogaledo y Mª Aurora Rodríguez. Es el mismo que ayer los periódicos señalaban claramente como sospechoso número uno: Pedro Jiménez García, 35 años, complexión fuerte, barba de semanas, violador, hijo de la ira y de la maldición. Disfrutaba de un permiso penitenciario. Cumplía condena en la prisión de Can Brians. Creánme: en mis más de tres décadas de ejercicio profesional he rozado todas las aristas del periodismo. Todas, menos una: la sección de sucesos. Me costó lágrimas y sangre el artículo de ayer. Y el de hoy. Hubiera pagado por no escribirlos. Imagino a las familias y se me arruga el corazón. Se ha confirmado -según la policía y a falta de sentencia judicial- que el autor de las muertes de las dos policías leonesas disfrutaba de permiso carcelario. El asunto exige la depuración de responsabilidades. ¿Quién autorizó el permiso y en qué condiciones a ese preso, con perfil casi demoníaco?. Era un violador y un asesino. No supuesto, sino seguro. En su cartilla estaba anotada la gran repugnancia: La muerte y violación de una anciana en la bañera. Me llevo las manos a la cabeza al cotejar que a este sujeto le hayan dado un permiso de fin de semana para aullar sus ladridos. ¿Quién autorizó el permiso y en qué condiciones?. Los permisos carcelarios no son automáticos. Dependen de los informes que se remitan desde la prisión y de las posibilidades de que no vuelva a delinquir, de si es reinsertable o no. Ya se sabe que los buceadores de la mente hacen lo mismo que los galenos. Su responsabilidad se salva siempre con el «pronóstico reservado». En el caso que nos ocupa -muerte y tortura de las dos policías leonesas- está claro que el verdugo no era reinsertable. Ya en otro permiso carcelario, hace años, había cometido otra violación. Es obligado que el CGPJ examine la actuación del juez de vigilancia penitenciaria. Y también que la Generalitat de Cataluña responda por la actuación de los funcionarios de prisiones, empezando por el conseller de Justicia, si es que informaron favorablemente el permiso. Lo que está claro es que no pueden eludir su responsabilidad unos contra otros. Por una razón contundente: hay dos muertes -hoy serán enterradas en Toral de los Guzmanes y en Noceda del Bierzo- que nunca debieron producirse. Sean policías, muchachas de servicio, jóvenes o viejas. La exigencia de responsabilidades tiene contenido. El suceso planeó ayer sobre el pleno que se celebraba en eL del Congreso de los Diputados. En sesión plenaria aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley contra la violencia de género. Se logró la unanimidad tras dar el grupo socialista su brazo a torcer. Terca y torpemente, mantenían un artículo en el que las tropelías de los hombres eran más punibles que las de las mujeres. Evidentemente, era anticonstitucional.