Diario de León
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LA SEPI, presionada por Moncloa, y los trabajadores de Izar han llegado al acuerdo de que la participación pública en el grupo que englobe la actividad civil de los astilleros alcance al menos el 70% del capital; asimismo, tanto la rama civil como la militar dependerán de la misma sociedad, con lo que mantendrán una conexión jurídica, lo que colma una de las principales aspiraciones de los sindicatos. Si se piensa que la realidad es que el Estado ha sido incapaz de gestionar los astilleros civiles, hoy en bancarrota, y que ésta es la causa de la crisis, produce grandes dudas esta fórmula. Es dudoso que los inversores privados acepten correr riesgos si no obtienen el control de la gestión. Se conseguirá, seguramente, paz social, pero a un precio que quizá resulte desproporcionado.

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