El último charco del Gobierno

¿CONOCE el gobierno lo que dice la Constitución Española? La pregunta, aunque parece absurda, no lo es. Recordemos los hechos. Hace días, el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, alertó de posibles fricciones de la Constitución Europea con nuestra Ley de Leyes, y recomendó que se elevara una consulta al Tribunal Constitucional. Después, se produjo un pequeño debate en la clase política que terminó, de momento, con este anuncio de Rodríguez Zapatero y la Vicepresidenta Fernández de la Vega: se hará esa consulta al Tribunal, pero después del referéndum del 20 de febrero. Pues miren ustedes: hay que hacerla antes. Hay que hacerla ya. Debería estar hecha. No es un capricho de cronista. Es que el artículo 95 de nuestra Constitución dice textualmente: «La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional». La Constitución Europea es un tratado internacional. Según el Consejo de Estado, puede tener fricciones con la nuestra. Por tanto, parece preciso, indiscutible y urgente aclarar esa duda. Es más: si el señor Zapatero y el ministro Moratinos firmaron en Roma un tratado que no se ajusta exactamente a la primera de nuestras leyes, pueden haber efectuado un hecho inconstitucional. La revisión debe ser «previa». Está escrito con sus seis letras. Es cierto que la Constitución Europea no entrará en vig or hasta que todos y cada uno de los 25 firmantes del pasado viernes no la hayan ratificado en sus respectivos países. Se calcula que se tardará un mínimo de dos años. Pero los ciudadanos españoles vamos a ser llamados a referéndum dentro de menos de cuatro meses. El señor Zapatero quiere tener el orgullo de ser el primero en aprobar la norma, y además en consulta directa al pueblo. ¿Con qué entusiasmo acudiremos a las urnas, si tenemos esa duda de encaje constitucional? Y algo más intrigante: ¿cuál es la razón seria que impide al Gobierno una simple consulta al Tribunal? ¿Por qué la retrasa? ¿Por qué quiere hacer un referéndum bajo la duda y en medio de una polémica que se hará más intensa, a medida que se acerque la fecha? Son preguntas que, hoy por hoy, no encuentran respuesta. Si se trata de hacer coincidir todas las reformas, cosa lógica, se nos puede explicar. Si se tiene la seguridad de que no existe contradicción alguna entre las dos constituciones, la consulta al Tribunal no tiene ningún riesgo. En cambio, el no hacerlo es un riesgo por sí mismo. Por eso no se entiende. Lo único claro es que el Gobierno se mete él solo, sin que nadie lo obligue, en un charco legal. Y cada día que pasa y nos acercamos al 20 de febrero, le será más difícil salir.