Daño a la escuela pública

LA VICTORIA socialista implica cambios en la política educativa de nuestro país. En este momento ha desaparecido una de las incertidumbres que existía sobre el futuro de la Ley de Calidad de la educación, aunque existe otro tipo de incertidumbre ante las declaraciones de la ministra de educación respecto a la futura vuelta a la Logse. De paso, el MEC podía tomarse en serio la formación profesional y derogar la tan denostada Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional; aunque en esta última se quiso magnificar tanto el consenso que todo el mundo llegó a «meter cuchara» y la montaña parió un ratoncillo, sin que nadie de los intervinientes se atreviera a criticar el engendro elaborado. Quienes pensaban que el comienzo del curso 2004-2005 iba a ser un caos, pensaba en negativo. Todas las consejerías de educación cuentan con los recursos necesarios para que eso no suceda; aunque algunas no los sepan emplear correctamente y continuamente se instalen en el inoperante victimismo. La legislación en vigor es la que cuenta y la que debe tenerse presente. En el ámbito sindical se observan claramente dos posturas encontradas y eso va a dificultar el tan deseado consenso. Hay un dato muy curioso y es que si toda alternativa es la vuelta a la Logse como defienden los más aguerridos, sería doloroso para el profesorado que sus representantes naturales defendieran una vuelta atrás en el tiempo y en las formas, para seguir anclados en el pasado. El MEC debe iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas y escuchar todas las propuestas de los grupos sociales implicados en la educación. De no actuar así, el horizonte educativo se presentará cubierto de nubarrones. Muchos estamos convencidos que una asignatura pendiente de nuestros gobernantes es trabajar en el acoplamiento o refundición de las cuatro leyes que sustentan el sistema educativo. Aún hay cuatro años por delante. Se puede y se debe hacer. Dejar pasar el tiempo es incurrir en errores del pasado y renunciar a labrar el futuro. La educación se merece algo más que crispación, desencuentro y reforma permanente. Es muy importante dejar constancia de que la nueva ley que pretende aprobar el partido socialista no es una prioridad para nuestro sistema educativo. Los docentes, cansados de tanta hipocresía e intrusismo, reclaman que disminuya el ambiente de crispación política que, en materia educativa, ha imperado en los dos últimos años. Éste es el momento de iniciar los trabajos precisos para lograr un gran pacto en educación. Al menos el MEC está obligado a intentarlo, porque es un clamor social, una demanda formal del profesorado y un compromiso del programa socialista. El documento que ha presentado el Ministerio de Educación y Ciencia no mejora el contenido de la Ley de Calidad de la educación y, lo que es más grave, no sirve para dar soluciones a las necesidades que plantea el sistema educativo español. Las necesidades más urgentes en nuestro sistema educativo van por otro camino como son adoptar medidas urgentes para la educación secundaria obligatoria, contribuyendo a disminuir el elevado fracaso escolar, eliminando el actual desencanto de buena parte del profesorado, adecuando y actualizando los objetivos de cada uno de los cursos de la etapa y regulando la convivencia en los centros, por citar algunas. Existen numerosas soluciones que pueden mejorar el funcionamiento del sistema educativo, por eso no entendemos que desde el MEC y desde las consejerías de educación se dediquen a fomentar el sentimiento de provisionalidad en vez de trabajar en serio por la educación; da la impresión de que se juega con el sistema, sin pararse a pensar en el daño colateral que se causa a la escuela pública y a la realidad escolar. En este momento, aún comprobamos un amplio desconcierto en el Ministerio de Educación y Ciencia y mucha intranquilidad en las Consejerías de educación de las comunidades autónomas. Para la defensa de las posturas respectivas, el MEC ha dicho bien alto y claro que no quiere «topos» en sus departamentos, «para que no suceda lo que en Galicia y en Castilla-León», como comentaba recientemente un director general de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León .