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VICENTE PUEYO
León

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SE DESCONOCE, al menos de momento, qué opinan los corzos que viven en el linde entre Asturias y León sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que otorga la gestión exclusiva de los parques nacionales a las comunidades autónomas. Lástima porque su visión del asunto podría ser esclarecedora. En todo caso, cabe sospechar que el objetivo vital de un corzo, o de un rebeco, de una trucha... o de un ganadero, no es acabar sus días esquizofrénicos. Y ese es el riesgo. La sentencia del TC, que puede ser técnica y jurídicamente irreprochable, puede también darse de bruces contra el murallón de una realidad que tiene muchas aristas pero que está sobrevolada por una verdad irrefutable: la naturaleza no sabe de límites administrativos sino de respeto. La decisión judicial tiene especial trascendencia para el futuro de los Picos de Europa. Tres comunidades, Asturias, Cantabria y Castilla y León, se reparten un espacio que es, por encima de cualquier otra consideración, un legado casi milagroso que todos tenemos la obligación de preservar. La encrucijada que se abre en Picos de Europa es, probablemente, la más delicada desde que, en 1918, Alfonso XIII lo convirtió en el primer parque nacional de España. El cruce de intereses políticos y económicos, las divergencias de criterio, ya patentes, en aspectos como la caza y la pesca, la agresividad de algunas actuaciones, la amenaza latente de otras, y la experiencia contrastada que habla de la dificultad de una gestión coordinada entre las comunidades titulares del territorio, llenan de brumas el horizonte. La armonización, el consenso, son, sencillamente, imperativos. Mientras, callan los corzos.